Brasilia, 20 de noviembre. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, propuso este martes el traslado de los jefes del crimen organizado a penales de alta seguridad, donde queden aislados, ante el rebrote de violencia en Sao Paulo y Santa Catarina atribuido a grupos que actúan desde la cárcel.

En declaraciones difundidas por la estatal Agencia Brasil, planteó que los reos de menor peligrosidad cumplan sus condenas fuera de las cárceles o en establecimientos que no los transformen en marginales organizados.

Cardozo, quien días atrás afirmó que preferiría morir antes que cumplir una larga condena en las cárceles medievales de Brasil, consideró fundamental separar a los presos más peligrosos.

La violencia que vivimos en la sociedad brasileña, tristemente, si bien es causada por las organizaciones criminales, pasa por el problema carcelario, admitió Cardozo, cuyo ministerio es el responsable de las prisiones federales.

Con una población de 194 millones de habitantes, Brasil cuenta con más de 500 mil presos distribuidos en mil 100 cárceles, la gran mayoría administradas por los estados.

Afectado por el hacinamiento y las violaciones a los derechos humanos, el sistema penitenciario se coló entre las preocupaciones del gobierno de Dilma Rousseff ante la ola de violencia que azota desde hace casi dos meses a la ciudad de Sao Paulo y más recientemente al estado sureño de Santa Catarina.

Las autoridades atribuyen los ataques contra la policía y el servicio de transporte público principalmente a grupos que operan dentro de los penales, y estarían cobrando venganza por operativos policiales o por las pésimas condiciones de su encierro.

Sólo en Sao Paulo, con 22 millones de personas en su área metropolitana, se estima que en octubre hubo unos 145 asesinatos, casi el doble en comparación con el mismo mes del año pasado, según recuentos de la prensa.

La víspera, autoridades penitenciarias y de derechos humanos iniciaron en el sureño estado de Santa Catarina una evaluación de las prisiones tras la espiral de violencia. Las autoridades están considerando algunas denuncias de tortura y maltrato.