e acuerdo con estimaciones del Banco Mundial divulgadas ayer, México recibirá, en el año que está por terminar, unos 24 mil millones de dólares de remesas de trabajadores en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. El nuestro es el tercer país en la lista mundial de receptores de esos envíos, sólo por debajo de India (70 mil millones de dólares) y China (66 mil millones de dólares). Por lo que hace a Latinoamérica en conjunto, se espera que sus economías reciban por ese concepto 64 mil millones de dólares. En total, los países en desarrollo captarán un total de 406 mil millones de dólares de remesas.
En contraste con el aporte de primer orden que los trabajadores migrantes realizan a la economía mundial, a la producción y el consumo de las naciones en las que se desempeñan, así como a las finanzas de sus países de origen, lo habitual es, por desgracia, que en las primeras padezcan toda suerte de atropellos, actitudes persecutorias y discriminatorias, mientras que en los segundos sean vistos, en el mejor de los casos, con indiferencia, si no es que sometidos a extorsiones y agresiones de diversa índole.
En el caso de México, el monto de las remesas supera ampliamente al de la inversión extranjera directa (19 mil 500 millones de dólares). Sin embargo, las instituciones federales, a pesar de los discursos y de los programas meramente propagandísticos, ha sido incapaz de salir en defensa de los derechos de los mexicanos en el extranjero y de garantizarles aquí un trato digno y acorde con las leyes.
Ningún gobierno de la historia reciente ha tenido la voluntad política para presionar a Washington a fin de que cese la persecución policial contra los connacionales que trabajan en la nación vecina; el derecho al voto en el extranjero, si bien formalmente aprobado, se ha traducido en modalidades tan burocráticas y complicadas que, en los hechos, resultan casi nugatorias; para colmo, siguen siendo numerosos los casos de abusos, despojos y extorsiones por parte de diversas corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno contra mexicanos que vuelven temporalmente al país.
Mucho más grave es el persistente maltrato de los trabajadores extranjeros que transitan por el territorio nacional, tanto por parte de las autoridades como de organizaciones delictivas, toda vez que estos otros migrantes se encuentran en circunstancia de indefensión legal y social.
La tremenda asimetría entre la relevancia económica, social y cultural del trabajo migrante y la indefensión, cuando no el atropello, en que deben desenvolverse la mayor parte de sus protagonistas, especialmente cuando se trata de ciudadanos de países pobres que acuden a naciones ricas en busca de oportunidades laborales y de mejores horizontes de vida, es una de las expresiones más descarnadas y bárbaras del modelo político-económico que impera en la globalidad contemporánea. En el caso de México, e independientemente de la evidente necesidad de abandonar ese paradigma neoliberal, resulta urgente emprender políticas y acciones concretas para restituir derechos y otorgar protección a ese sector de la población que sostiene, en buena medida, la economía nacional, y que a cambio no recibe más que menosprecio, agresiones e indolencia oficiales.
