La Cámara de Diputados recibió comunicación del Senado en la cual se informa que remitió al Presidente de la República el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con los artículos aprobados por ambos recintos legislativos.

Como cámara revisora, el Senado manifestó su acuerdo con los diputados de remitir al Ejecutivo federal el decreto para la sanción, promulgación y publicación de dicha modificación laboral.

Además, devolvió a San Lázaro el texto de los artículos 388 bis y 390 de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos de lo dispuesto en la última parte de la fracción E del artículo 72 constitucional, y ambos se enviaron a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio y análisis.

Asimismo, en votación económica el pleno aprobó también exhortar al titular del Ejecutivo para que, en la medida de las posibilidades, se brinde la ayuda técnica, humana y material a los gobiernos y a la población de los países afectados por el paso reciente del huracán Sandy.

La Comisión de Relaciones Exteriores consideró que México puede enviar ayuda a Cuba y a las demás naciones que resultaron dañadas, con recursos materiales y humanos experimentados en la atención de ese tipo de desastres.

Durante la sesión, y al conmemorarse un año más de la Convención sobre los Derechos del Niño, emitida por la Organización de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, diputadas de todos los partidos se pronunciaron por un nuevo marco jurídico y una cruzada nacional que reivindiquen los derechos de ese sector de la población.

La diputada Paloma Villaseñor Vargas consideró que entre las metas que debe tener el Legislativo está mejorar los servicios de salud, promover políticas públicas para la erradicación de la violencia y crear más escuelas de tiempo completo.

Los problemas de la niñez son las enfermedades de la sociedad. Nacen en una sociedad enferma y llena de violencia; si no se les atiende no formarán familias sólidas ni serán ciudadanos libres.

También se avaló exhortar al Ejecutivo para que, por medio de las secretarías de Seguridad Pública y de Educación Pública realice acciones coordinadas para salvaguardar la integridad de las comunidades escolares amenazadas por el crimen organizado.