El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, dijo que la característica del gobierno de Felipe Calderón fue el incremento en la violación de las garantías individuales, ya que los casos de tortura crecieron 500 por ciento y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias.

Ante senadores, destacó que del primero de enero de 2005 al 31 de julio del presente año, la CNDH recibió 5 mil 568 quejas en las que se imputó a la autoridad el incumplimiento de algunas de las formalidades para la emisión de órdenes de cateo o durante la ejecución de éstas, así como para las visitas domiciliarias.

Durante una reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ombudsman nacional consideró que deben erradicarse de inmediato los cateos ilegales y urgió a las autoridades responsables a que se sometan al imperio de la ley, sean garantes de la observancia del debido proceso y del respeto a los derechos de libertad, intimidad, privacidad e inviolabilidad del domicilio.

Informó a los legisladores que se investigan 2 mil 126 casos de desapariciones forzadas y se tiene registro de 24 mil 91 personas reportadas como extraviadas o no localizables. En los últimos cinco años –precisó– se emitieron 12 recomendaciones por estos hechos.

Otra práctica recurrente que realizan los diversos cuerpos de seguridad pública son las detenciones arbitrarias, resaltó Plascencia Villanueva. De 2005 a la fecha, la CNDH recibió más de 9 mil quejas en torno a dicha problemática, lo que significa un incrementó de 121 por ciento en dicho periodo, que nos da una idea clara de la dimensión del problema.

Precisó que “las víctimas son detenidas por servidores públicos, con argumentos como haber recibido denuncias anónimas y, en consecuencia, proceden a su detención, o ubican a las personas ‘en actitud sospechosa y/o marcado nerviosismo o en flagrancia’; generalmente los detenios son liberados previa reclusión de al menos 36 horas; por ello es importante propiciar que las capturas se realicen siempre de manera justificada”.

Dijo que “otra de las prácticas que más lastiman a la sociedad y a las instituciones del Estado mexicano es la privación de la vida de una persona de forma injustificada, particularmente cuando ésta queda en la impunidad. La CNDH cuenta con un registro de 46 mil 15 ejecutados; 15 mil 921 cuerpos no identificados y mil 421 inhumados en fosas clandestinas. Sólo de 2005 a la fecha se han emitido 45 recomendaciones” por este tipo de situaciones, expuso.

Resaltó que de 2005 a la fecha la CNDH recibió 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad en el ámbito federal. “Dicha tendencia significó un incremento de 84 por ciento sólo en los últimos tres años, concentrado principalmente en los rubros de cateos ilegales, desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura”.

Detalló que en algún momento de la historia del país parecía que estas violaciones podrían ser erradicadas –tortura, desaparición forzada, tratos crueles o degradantes. Sin embargo, en los últimos años crecieron de forma exponencial, al grado de convertirse en uno de los principales retos de la justicia

Para dimensionar el problema –precisó– basta con mencionar que en 2005 la CNDH recibió sólo una queja por tortura, y para 2011 la cifra, conjuntamente con los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ascendió a 2 mil 40.

La seguridad pública es un tema que requiere ser atendido con la mayor urgencia, pues en los últimos seis años creció de manera considerable el número de víctimas de la violencia y de quienes han sufrido diversos agravios por actos y omisiones a cargo de diversos servidores públicos, añadió el titular de la CNDH.

Solicitó a los senadores que llamen a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, para que explique los casos de tortura y desapariciones forzadas.

Varias veces hablé con el Presidente y le hice saber la tendencia que se venía dando en materia de violaciones a derechos humanos, pero tal parece que los funcionarios no hacían caso; aquí vemos al secretario de Seguridad Pública que no le hace caso ni al Senado, dijo en entrevista al final de su exposición.

Aseveró que la única vía segura para combatir el delito es con elementos del orden que sean profesionales en el más amplio sentido, y regidos bajo estrictos estándares de honestidad, rectitud y ética. La policía, para ser efectiva, debe ser la primera en respetar la ley. “Una corporación policial o de seguridad que recurrentemente presenta grandes fallas es una corporación que no sólo no realiza el trabajo para el que fue diseñada, sino que alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuelve, a final de cuentas, generadora de la violencia que debe combatir.

Caso Tres Marías

En entrevista, el ombudsman nacional dijo que, a petición del Senado, la CNDH investiga el caso Tres Marías. Ya nos remitió la PGR copia de la averiguación previa; es un tema donde la justicia debe aplicarse, independientemente de quien se trate, y si hubo irregularidades, como ya determinó la PGR, se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Fueron más de 150 disparos, y está pendiente que se determine si hubo ordenes de alguien y cuál es el móvil.