El sexenio prácticamente concluyó, y los responsables de la procuración y gobernabilidad del país ofrecieron disculpas a familiares de los miles de desaparecidos, además de que se comprometieron a gestionarles un encuentro con el equipo del presidente electo, Enrique Peña Nieto.

Nos faltó tiempo, justificó el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, de acuerdo con el testimonio de algunos de los asistentes a la reunión de funcionarios federales con integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México (Fundem), colectivo derivado de la organización de familiares de personas extraviadas en Coahuila, en 2009.

Según estas versiones, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Marisela Morales, hizo alusión a sus lamentables pérdidas, lo que provocó el enojo de los asistentes, algunos de los cuales buscan a sus familiares desde hace más de cinco años.

Diana Iris García, madre de Daniel Cantú Iris, quien desapareció en carretera el 21 de febrero de 2007, en Coahuila, comentó que al inicio de la reunión los funcionarios intentaron mostrar resultados. Sin embargo, sus reportes no fueron satisfactorios para los familiares.

“No hay resultados, sino desinterés, impunidad y corrupción. Les preguntamos ¿qué pasa?, y nos respondieron que es cierto, que los resultados no son satisfactorios; ofrecieron disculpas. La procuradora se mostró al principio un poco insensible, diciéndonos prácticamente que los desaparecidos de cuatro años atrás ya estaban muertos, por lo que la preocupación es que en cada estado haya un laboratorio de genética.

Habló de pérdidas; fue insensible. Al final rectificó: ofreció disculpas y aceptó que no puede declararlos muertos hasta que los encuentre. Nosotros le dijimos que es necesario que eso se verifique, porque para nosotros encontrarlos, aun con un corazón no latiente, es hallar vida también, señaló Diana.

El secretario Poiré –añadió– también se disculpó; dijo que no hubo tiempo, que reconoce nuestra fortaleza como colectivo, porque la investigación que ellos tienen en sus expedientes es la que nosotros hemos proporcionado.

Blanca Martínez, representante de Fundem, señaló que los familiares no quieren que hagan una estructura de esta gran tragedia; no queremos más semefos (forenses), sino que se detenga este baño de sangre, este terror que vivimos.

El encuentro fue al más alto nivel: el titular de Gobernación y la procuradora con sus respectivos equipos, subsecretarios y subprocuradores, así como enviados del titular de Seguridad Pública, quienes admitieron que no fueron cumplidos los compromisos de mayo pasado, cuyo fin era sentar bases para una atención más estructural.

En aquel momento se acordó la integración de una fuerza de tarea que operaría, en principio, en el noreste del país, en especial en Coahuila; una comisión para que atendiera la desaparición de migrantes, así como otro grupo de forenses internacionales, entre otras medidas urgentes.

Lo que hablamos hoy fue que de mayo para acá, desafortunadamente, no hay avances; reconocemos que el acuerdo firmado fue importante y tendía a sentar un precedente, pero no se pudo desarrollar, señaló Martínez, también directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Tampoco llegó a buen término el acuerdo entre los procuradores de justicia de los estados para integrar un registro nacional de desaparecidos.

El enojo, decepción y dolor de los coahuilenses (Fundec) se acrecentó al enterarse de la inmediata movilización de los funcionarios de los tres niveles de gobierno para localizar a los responsables de la muerte de José Eduardo Moreira, hijo del ex gobernador Humberto Moreira, mientras algunos de ellos tienen años tocando puertas sin obtener resultado.