Monterrey NL, 21 de noviembre. La organización no gubernamental Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), que apoya a familiares de víctimas de desaparición y a la procuraduría estatal para dar seguimiento a 50 expedientes de 200 casos, informó que hay indicios de que 43 personas, cuyos paraderos se ignoran, están muertas.

Cadhac aseguró que durante los cuatro años pasados ha recibido el reporte de 988 personas desaparecidas. Afirmó que la cifra de personas cuyo paradero se desconoce podría ser mayor, ya que en muchos casos parientes de los agraviados no denuncian sus casos por miedo o desconfianza en las autoridades.

Este miércoles se llevó a cabo una reunión de cinco horas entre personal de la Procuraduría de Nuevo León y familiares de víctimas que son asesorados por Cadhac.

Reportan avances

Al final del encuentro con autoridades, Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización civil, informó que se han registrado avances importantes en las investigaciones, ya que más de 30 presuntos responsables de desapariciones han sido consignados.

Representantes de Cadhac indicaron que algunos de los supuestos responsables, entre ellos ex policías, confesaron su participación en privaciones ilegales de la libertad, así como en la muerte de al menos 43 víctimas de desaparición. Sin embargo, falta confirmar dichas versiones, ya que presuntamente algunos restos fueron incinerados o diluidos en ácido.

Morales Elizondo aseguró que en tres de los 50 expedientes abiertos hay evidencia de que las desapariciones ocurrieron en Tamaulipas, por lo cual el procurador de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, se comunicó telefónicamente con su homólogo del estado vecino, y llegaron al compromiso de que los familiares afectados serán recibidos por la subprocuraduría tamaulipeca con la finalidad de atender los casos mencionados.

En este contexto, Morales Elizondo exigió al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz que firme y publique cuanto antes la reciente reforma al Código Penal del Estado, que tipificó el delito de la desaparición forzada, para que entre en vigor y se inhiba la comisión de este tipo de ilícitos.