medida que avanzan y se profundizan las devastadoras políticas de choque aplicadas en España por el gobierno de Mariano Rajoy, comienza a ser manifiesta la inoperancia de las distintas esferas de la administración pública de ese país –afectada por los recortes presupuestales– en algunos ámbitos básicos. Dos ejemplos puntuales pero emblemáticos de lo anterior son la suspensión, durante 20 días, de los servicios de limpia en la ciudad de Jerez (sur), como consecuencia de una protesta de los trabajadores de ese sector en contra de un severo recorte de plazas laborales, así como el crecimiento de la población infantil en situación de pobreza –que ha crecido en 45 por ciento desde el inicio de la crisis– como resultado del creciente desempleo de los padres y de la precarización en las condiciones de vida del conjunto de la población.

La creciente incapacidad de las autoridades ibéricas para proveer satisfactoriamente de servicios básicos como el de limpia, o bien para asistir a los grupos más vulnerables de su población, como la niñez, es un colofón lógico a la promoción de medidas recesivas por parte del gobierno de Madrid, como forma de hacer frente a la crisis que recorre Europa. Tales medidas, a fin de cuentas, no sólo terminan por frenar el crecimiento de las economías y alimentan las perspectivas de una recesión global, sino también acaban por mermar el desempeño de tareas que constituyen, en última instancia, razón de ser del Estado mismo.

En el ámbito social la aplicación de los planes de austeridad en la nación ibérica ha multiplicado los escenarios de inconformidad, descontento y animadversión de la población, como ha quedado de manifiesto con las multitudinarias marchas realizadas en diversas ciudades del país ibérico en los últimos meses.

Por lo que hace al terreno político, tales medidas han derivado en el surgimiento de roces entre Madrid y algunos gobiernos autonómicos, particularmente el de Cataluña, región en la que los recortes presupuestales y la imposición de topes al gasto público y al endeudamiento terminaron por reactivar la vieja reivindicación de constituirse en Estado independiente, al grado que dicha demanda es el eje fundamental de las elecciones anticipadas a realizarse hoy en esa comunidad.

La insensibilidad social y la miopía con que las autoridades españolas han decidido hacer frente a la presente crisis económica, lejos de contribuir a solucionar el problema, ha multiplicado los focos de descontento político y social en aquel país y lo ha colocado ante el riesgo indeseable de un dislocamiento institucional mayúsculo. Si esa perspectiva se concreta, los principales responsables serán las autoridades de La Moncloa, empecinadas en aplicar políticas que en nada ayudan a superar las dificultades económicas de las naciones –todo lo contrario–, y también, desde luego, las autoridades de Bruselas y los organismos financieros internacionales encargados de diseñar y promover tales directrices.