El otorgamiento de nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación (SG) obedece a un afán de perfeccionar los métodos represivos que el gobierno mexicano ha puesto en marcha desde hace muchos años con distintos rostros, y aunque la Cámara de Diputados le quitó la facultad de intervenir en caso de disturbios u otras alteraciones graves del orden público, en el fondo subyace una óptica que criminaliza el descontento social, advirtieron activistas de organizaciones sociales.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y transferir sus competencias al Palacio de Cobián, el gobierno de Enrique Peña Nieto supuestamente buscaría lograr mayor coordinación en esta materia, pero sin proponer en realidad ningún enfoque nuevo.

El caso de la represión en San Salvador Atenco hace que este tipo de enmiendas de Peña Nieto carezcan de legitimidad. Podrán ser mejoras administrativas, pero darle capacidades nuevas a Gobernación y a las policías, pero sin fijarles normas claras, no resuelve nada. Sancionar a quienes han cometido abusos es la primera señal de que se quiere avanzar por otro rumbo, indicó.

En cuanto a los señalamientos de que las nuevas atribuciones de la SG significan un retorno al autoritarismo, Marroquín precisó que no necesariamente se trata de un regreso a un estado anterior, porque los abusos se han mantenido con otra cara, quizá no tan siniestra como la desaparecida Dirección Federal de Seguridad, pero sí con mucha opacidad. No es que eso vaya a volver, más bien siempre hemos tenido un presente autoritario.

Por su parte, Melanie Salgado, integrante del Comité Cerezo México, consideró que las nuevas facultades de Gobernación forman parte del cambio de estructuras jurídicas y legales iniciadas en el sexenio de Felipe Calderón para perfeccionar la represión.

Vemos algo parecido a lo que ocurrió con el mando único para las policías, donde todas las fuerzas quedarían controladas por una sola cabeza. En un país como este, se trata de un refinamiento de los métodos represivos, un avance logístico para cuestiones prácticas que ya están en marcha desde hoy, sostuvo.

Asimismo, la activista indicó que aunque la Cámara de Diputados haya echado abajo la participación de la SG para actuar en caso de disturbios, queda claro que para la clase política una marcha o una manifestación de descontento puede ser un disturbio y un delito que se debe reprimir. Lo que ocultan es un intento por criminalizar la protesta social y presentar a quienes participan en ella como gente que viola la legalidad y amerita un castigo.