Buenos Aires, 25 de noviembre. A escasos días de terminar el plazo dado por la Corte Suprema, el próximo 7 de diciembre, para que los grupos mediático presenten sus planes para terminar con posiciones monopólicas en ese rubro, como ordena la ley de servicios de comunicación audiovisual, el poderoso Grupo Clarín denunció penalmente por incitación a la violencia y coacción agravada a funcionarios nacionales, legisladores, agrupaciones sociales y políticas y periodistas.

Se refiere en estos términos a todos aquellos que han realizado investigaciones, que denuncian presiones de ese grupo monopólico o que analizan o comentan la actitud de Clarín de negarse a cumplir con una ley que se fue argumentando desde por los menos hace 22 años, con participaciones masivas a todos los niveles, que votó el Congreso nacional a fines de 2009 y que convalidó la Corte Suprema.

Contrasta esta actitud con las de por los menos otros 13 grupos, la mayoría de los cuáles ya tienen delineados sus planes reducir el núemero de licencias con que cuentan y ajustarse a la ley.

Varios medios consideran como una nueva embestida del Grupo Clarín esta denuncia, que además recae sobre importantes y respetados periodistas como Sandra Russo, de Página 12, Roberto Caballero, director y fundador de Tiempo Argentino, y Javier Vicente, periodista deportivo deportes.

También en la lista está el diputado y dirigente del partido Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, recientemente nombrado titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para poner en marcha la aplicación de la ley a lo que se refiere Clarín como “la ejecución “ de la ley, dando un sentido muy distintos al término.

Asimismo son acusados el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de Presidencia, Carlos Zannini, y también, y en base a recortes tergiversados de declaraciones, en la cruzada de Clarín contra la plena aplicación de la ley de medios apuntó contra al jefe del bloque de legisladores porteños del Frente para la Victoria Juan Cabandié, y el diputado nacional Edgardo Depetri, según publicó hoy el diario Tiempo Argentino.

La acusación incluye también a los integrantes de las agrupaciones de La Cámpora, el Frente Transversal y el Movimiento Evita.

Incitar a la violencia colectiva es otro de los términos que usan los abogados del mayor monopolio mediático del país, que controla más de un centenar de canales de cables, canales de televisión abierta, radios, revistas y diarios en todo el interior, además del periódico de mayor tiraje como es Clarín y que no está dispuesto a cumplir con la legislación.

La acción penal intenta hacer aparecer al Grupo Clarín como perseguido o víctima de presiones cuando desde el primer momento de que se votó la ley comenzó con maniobras judiciales para evitar por todos los medios su cumplimiento.

Clarín y La Nación especialmente han sido promotores de todas las movilizaciones contra el gobierno nacional e incluso con artículos que llamaban al pueblo a tomar posiciones más duras para terminar con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchtner, en consonancia con lo que sucede en todos los países de América Latina, donde el enorme poder concentrado de los medios masivos aparecen como la dirigencia más activa de la oposición a mandatarios como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil , Uruguay, Argentina . Pero también han intervenido en procesos electorales para desacreditar y destruir candidatos no aceptables o no manejables para Washington o para encubrir fraudes.

Asimismo el comportamiento con sus trabajadores, es totalmente antidemocrático. Clarín enfrenta varios conflictos y recientemente la comisión de delegados de ese medio debió ser elegida en la calle, porque no se permitió hacerlo en ese edificio. En su momento despidió a todos los integrantes de una comisión gremial impidiendo actividades hasta estos días, en que apoyados sindicalmente los trabajadores hicieron su elección fuera del edificio.