El fin de 12 años de gobiernos panistas también marca la conclusión de un periodo de cambios en el sector salud, el cual deja varios pendientes por resolver y la puerta abierta para una nueva reforma cuyos alcances podrían ir más allá de la integración funcional del sector, como en esencia lo vislumbraba la administración saliente.

El Sistema Nacional de Protección Social en Salud (SNPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular, sobresalió en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. En el primero se concretó la estrategia en la Ley General de Salud (2003), una política de Estado que se consolidó en los años subsecuentes.

A partir de enero de 2004, la Federación quedó obligada a garantizar, de manera progresiva, la cobertura de servicios médicos para todas las personas que hasta entonces carecían de esta protección por no tener un empleo formal.

Tal como se planteó entonces, la meta era llegar al año 2011 con una cobertura universal de salud. Esto significó inscribir a más de 53 millones de individuos al Seguro Popular y al mismo tiempo subsanar las carencias en materia de infraestructura clínica y hospitalaria. De ahí que en este periodo el presupuesto haya crecido 11 veces.

Sin embargo, ese aumento en el monto que ejercen los gobiernos de los estados en salud carece de un mecanismo efectivo de transparencia y rendición de cuentas, como en reiteradas ocasiones lo han señalado organizaciones civiles.

Las autoridades también reconocen que se requieren medidas para evitar la desviación de recursos y corregir las deficiencias en la prestación de servicios médicos por falta de calidad y desabasto de medicinas, entre otras.

De acuerdo con la información oficial, cualquier persona que lo desee puede solicitar su inscripción al Seguro Popular y recibir la atención médica para mil 534 enfermedades, que son la totalidad de las que se pueden resolver en el primer nivel (centros de salud) y más de 90 por ciento de las que requieren de hospitalización.

Así es en términos generales, pues persisten severas desigualdades en el acceso para las personas que viven en zonas alejadas y de muy alta marginación, tanto para llegar con los médicos del primer nivel y más aún si se trata de atención de alta especialidad.

Otro de los pendientes es la cobertura integral de las enfermedades de alto costo. Hasta ahora están cubiertos 61 padecimientos, pero en algunos casos con restricciones por edad, como el infarto al miocardio, que únicamente se atiende para personas menores de 60 años o la insuficiencia renal, de la cual sólo reciben la atención clínica, con posibilidad de transplante de riñón, los menores de 18 años de edad.

Los males que afectan a los niños menores de cinco años se pagan por medio del programa Seguro Médico para una Nueva Generación, pero su continuidad está sujeta a la voluntad política del nuevo gobierno y al cumplimiento del acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Salud (Ssa) para la obtención de un crédito por 350 millones de dólares. Con estos recursos se financiará parte de las actividades del sistema los próximos cuatro años.

Respecto de las enfermedades que se presentan en la edad adulta, como el cáncer, el Seguro Popular por conducto del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cubre sólo algunos tipos de tumores, como el cérvicouterino y el mamario en mu- jeres, y el de próstata y testículo en los varones. Los costos del resto de neoplasias existentes y otros padecimientos graves de alto costo se atienden sólo si los pacientes cuentan con el dinero para pagar los servicios médicos y los fármacos.

De cualquier manera, el gobierno federal se refiere a la cobertura universal como la solución definitiva a los problemas de salud de la población. Este tema ya ha dejado de ser una preocupación, aseguró el presidente Felipe Calderón y lo ratifican sus colaboradores como el secretario Salomón Chertorivski, quien para justificar los faltantes, asegura que ningún país cubre la totalidad de padecimientos.

El SNPSS fue concebido en los años 90 por el ex secretario de Salud Julio Frenk Mora, como el tercer pilar del sistema nacional de salud y como el componente que hacía falta para avanzar hacia la integración del sector y mejorar la calidad de los servicios.

La idea era que los mexicanos pudieran ir con el médico de su elección, independientemente de su derechohabiencia. Este es un asunto que la administración calderonista también deja entre los pendientes para el próximo gobierno.

La seguridad social

Las instituciones de seguridad social completan el sistema nacional de salud, principalmente con los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), los que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 se mantuvieron prácticamente sin cambios en cuanto a su nivel de cobertura. Entre los dos atienden casi a la mitad de la población del país.

Irregularidades diversas

En el IMSS se registraron en el sexenio calderonista cambios en el ámbito financiero, en particular, para enfrentar el peso de pensiones y jubilaciones de sus propios trabajadores.

Mediante reformas a la Ley del Seguro Social y convenios con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social modificó las condiciones para el retiro de los empleados contratados a partir de agosto de 2004.

Sigue pendiente dar solución al peso económico que representan los derechos ya adquiridos por casi 300 mil traba- jadores activos, los cuales ingresaron al instituto antes de la entrada en vigor de las reformas a la ley del instituto (agosto de 2004), las cuales le prohíben el uso de las cuotas obrero patronales para el pago de sus obligaciones como patrón.

De acuerdo con los reportes oficiales del IMSS, el régimen de jubilaciones y pensiones representa un pasivo de 1.8 billones de pesos de 2011 y debido a que desde 2009 hace uso de las reservas del fondo laboral, estima que el próximo año se agotarán esos recursos.

Respecto del Issste, en 2007 se concretó la reforma a la ley del organismo, por la cual se creó el sistema de cuentas individuales de pensiones y, según la versión oficial, se le dio al organismo viabilidad financiera.

Sin embargo, en el ámbito de los servicios médicos, el instituto transitó el sexenio que concluye con irregularidades diversas, algunas visibles, como el desabasto de medicamentos que en 2010 y 2011 provocó una severa crisis en clínicas y hospitales. Otros problemas pendientes de resolver es la modernización de la infraestructura y asegurar dinero para el mantenimiento y funcionamiento óptimo de las instalaciones.

Equidad en servicios

Hubo otras anomalías de las que se tuvo noticia en meses recientes, denuncias de corrupción y desfalco a las finanzas del Issste por la asignación y pago de contratos a empresas privadas por servicios que no realizaron.

Con este panorama llega el nuevo gobierno priísta, el cual, de acuerdo con su plataforma electoral, se propone superar la fragmentación del sistema de salud para que haya equidad en la calidad de los servicios médicos. Para ello, las instituciones del sector se deberán transformar radicalmente e integrarse de manera articulada para garantizar el acceso de la población a la seguridad social en forma equitativa, digna y universal.