Con el aval de todos los consejeros electorales y sin objeciones de los partidos políticos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) avaló que el organismo solicite para 2013 una partida presupuestal de 11 mil millones 163 mil 919 pesos, de los cuales 7 mil 449 millones 400 mil conformarían el presupuesto del instituto, y 3 mil 710 millones 500 mil las prerrogativas de los partidos políticos para su gasto ordinario.

Al justificar la petición, el presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que el presupuesto da prioridad a proyectos estratégicos para modernizar el Registro Federal de Electores (RFE) y el Sistema de Administración de Radio y Televisión, para realizar la transferencia a tecnología digital y hacer una inversión inmobiliaria que a futuro reduzca el gasto que ejerce el órgano electoral en arrendamiento de oficinas.

A su vez, el consejero Lorenzo Córdova, quien encabezó los trabajos de la comisión especial del presupuesto, destacó que el IFE está en una fase de transición que requiere inversión en rubros como el RFE, donde no sólo se deberá introducir nueva tecnología biométrica, sino sustituir las credenciales denominadas 09, que suman 11 millones. Destacó que en su momento, el cambio de las 03 se hizo en un plazo de cuatro años, y ahora será sólo en 2013.

Recordó que el IFE asignará mil 314 millones de pesos a proyectos estratégicos, y que respecto al presupuesto base, la petición implicará un incremento de 2.1 por ciento en términos reales en relación con 2012.

Para Valdés, el proyecto de presupuesto 2013 del IFE contribuye a la rendición de cuentas, a la certeza y confiabilidad de los instrumentos electorales, a fortalecer los vínculos con la ciudadanía y a garantizar la viabilidad del modelo de comunicación política.

Horas antes, las reivindicaciones de Valdés eran puestas en entredicho con la presentación del informe de la Contraloría General, en cuyo documento se advierte sobre el ejercicio presupuestal: la información contable y presupuestal como sustento de la rendición de cuentas ha sido inoportuna, lo cual limitó las actividades de control. Y añade que hay recurrente sobrepresupuestación del capítulo 1000 (nómina de los trabajadores).

En medio del vacío de algunos consejeros (optaron por salirse inusualmente de la sesión en este punto), se discutió el tema en que Valdés dijo que las recomendaciones de la Contraloría General fortalecerán el control interno y permitirán capitalizar las ventajas operativas.

El documento incomodó a algunos consejeros y otros pidieron no soslayar las peticiones de la contraloría. Las observaciones deben ponderarse, matizarse, pero no soslayarse, dijo Córdova, quien destacó que de la corrección sobre esos señalamientos depende la mejora administrativa del instituto, mayor transparencia y rendición de cuentas.

En su oportunidad, Marco Antonio Baños aludió a la necesidad de revisar las observaciones para corregirlas, señaladamente en las aportaciones del IFE para los pasivos laborales, o bien si algunas áreas específicas, por razones de atender problemáticas exclusivas del proceso electoral, se contraigan después a los esquemas originales.

Para María Marván, mayor transparencia en el ejercicio de los recursos implica lograr más claridad y orden en los gastos y administración del IFE. Alertó que el próximo año el instituto tiene importantes licitaciones (para la elaboración de la nueva credencial de elector), y es necesario que se hagan de forma transparente.

En su momento, Francisco Guerrero destacó que más allá de las observaciones atendibles de la contraloría, es importante que la discusión se realice de cara a los partidos y la ciudadanía, porque eso habla de la rendición de cuentas y transparencia del instituto.