radley Manning es castigado –y torturado– por un crimen que a final de cuentas consiste en creer que el mayor deber de un estadunidense es para con su pueblo y no para con su gobierno.
Cuando comience el consejo de guerra, el 4 de febrero, el soldado Bradley Manning, de 23 años de edad, habrá pasado 983 días en prisión, incluidos nueve meses en confinamiento solitario, sin haber sido acusado de crimen alguno. Esta semana, en las audiencias previas, un consejo de guerra revisa evidencia de que las condiciones a las que ha estado sujeto constituyen tortura. Entre esas condiciones está el periodo de nueve meses en el que pasó 23 horas por semana en una celda de 1.80 por 2.40 metros, donde tenía prohibido acostarse o incluso apoyarse en la pared cuando no dormía –y cuando se le permitía dormir, oficiales lo despertaban cada cinco minutos– y donde se le sometía a revisiones físicas diarias y se le obligaba a desnudarse. El relator especial de la ONU para la tortura ya ha dictaminado que esto constituye un tratamiento cruel, inhumano y degradante, y posible tortura.
Durante casi tres años Manning ha soportado intensa presión física y mental, destinada a obligarlo a implicar a Wikileaks y a su editor, Julian Assange, en una presunta conspiración para cometer espionaje. También es un mensaje para quienes desde el interior de organismos públicos denuncien abusos de autoridades: el gobierno no será amable.
“(Si) usted vio cosas increíbles y espantosas… cosas que pertenecen al dominio público y no a un servidor guardado en un cuarto oscuro de Washington… ¿qué haría?... Es importante que se sepa… podría cambiar algo… con suerte habría discusión mundial, debates y reformas…”
Estas palabras se atribuyen a Manning*, y ese es un cambio en el que a muchos nos gustaría creer: que si uno revela a los ciudadanos la verdad de las actividades ilícitas de su gobierno, y les da la libertad de hablar de ella, llamarán a cuentas a sus funcionarios electos.
Pero una cosa es hablar de transparencia, sangre vital de la democracia, e incluso hacer campaña con ese lema –en 2008 el candidato Obama dijo que los denunciantes de irregularidades dentro del gobierno son parte de una democracia sana y deben ser protegidos de represalias
– y otra es actuar en consecuencia. En un nivel fundamental, Manning es castigado, sin haber sido juzgado, por un crimen que a final de cuentas consiste en tener el valor de actuar a partir de la creencia de que sin un público informado nuestra república corre un grave riesgo. O, según palabras que se le atribuyen, por querer “que la gente vea la verdad… sin importar quién sea… porque sin información no se pueden tomar decisiones como pueblo”.
El gobierno estadunidense se ha propuesto crear un retrato de Manning como un traidor que colaboró con Al Qaeda al revelar al público información clasificada. Lo que en verdad ocurrió, sin embargo, fue que se enviaron documentos en forma anónima a Wikileaks, la cual los publicó en colaboración con The New York Times, The Guardian y otros medios de comunicación para beneficio del público general, de manera muy parecida a cuando se publicaron los Papeles del Pentágono en la generación pasada.
Los mensajes de correo electrónico que la fiscalía usa para tratar de demostrar que Manning fue la fuente de las filtraciones también pintan el lado de la historia que quieren ocultar: el de un joven soldado que lucha con el dilema de un presunto denunciante interno que sabe que corre grandes riesgos al exponer los crímenes y abusos que ha presenciado, cometidos con el patrocinio del Estado, los “casi criminales acuerdos políticos bajo el agua… las versiones no publicitarias de los sucesos y crisis mundiales”, según palabras que presuntamente dijo al confidente que al final lo traicionó.
Perderé oficialmente la fe en la sociedad que tenemos si nada ocurre.
Uno no puede dejar de preguntarse qué pensará Manning ahora, luego de tanto tiempo bajo esas brutales condiciones de confinamiento. ¿Se imaginaba que el gobierno le aplicaría un castigo tan desproporcionado y contrario a la ley?
El abusivo tratamiento en prisión preventiva de Manning constituye una clara violación de la Constitución estadunidense, de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura e incluso del derecho militar estadunidense. De hecho, el defensor de Manning, David Combs, sostiene en las audiencias previas al juicio, esta semana, que en vista de ese palmario desprecio a los derechos más esenciales de su cliente deben retirarse todos los cargos.
El gobierno afirma que todo esto se ha hecho para evitar que Manning cometa suicidio, aunque cualquier observador racional apuntaría que esas condiciones más bien empujarían a alguien a suicidarse que a no hacerlo. La explicación más probable es la obvia: el gobierno quiere doblegar a Manning para obligarlo a implicar a Wikileaks y Assange, y hacer un escándalo suficiente para inhibir a otros denunciantes dentro de las instituciones. Están en juego el fundamento de nuestra democracia, una prensa libre y robusta, y el destino de un verdadero héroe de Estados Unidos.
* Deslinde: Bradley Manning no ha sido consignado por ningún cargo ni ha admitido ninguna de las acusaciones en su contra. Del mismo modo, no ha reconocido los fragmentos de chats que supuestamente contienen palabras suyas.
Traducción: Jorge Anaya
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