Brasilia, 1º de diciembre. Cuando en 2008 fueron descubiertas gigantescas reservas de petróleo frente a las costas brasileñas, el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo que quería que las ganancias provenientes de ese billete premiado fueran un pasaporte para el futuro mediante su inversión en educación.

El pasado viernes, su sucesora y actual mandataria, Dilma Rousseff, rescató el espíritu de su mentor político al anunciar que propondrá al Parlamento una medida provisoria que obligue a que el gobierno nacional y los gobiernos estatales y municipales inviertan el total de las ganancias derivadas de las regalías por la explotación del petróleo en educación.

De aprobarse dicho proyecto, el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) alcanzará su meta de destinar 10 por ciento de su producto interno bruto (PIB) a la educación hasta 2022, lo que coloca al gigante sudamericano a la vanguardia en el ámbito mundial, en momentos en que países europeos como España, Grecia y Portugal se han visto obligados a recortar recursos destinados al sector a raíz de los drásticos planes de austeridad que han adoptado para sortear los efectos de la crisis económica global.

La propuesta presidencial propone además que se inviertan en educación la mitad de los rendimientos y aplicaciones financieras derivadas del Fondo Social, una especie de caja de ahorro pública que también se nutre de recursos provenientes del petróleo.

La medida provisoria, no obstante, puede no ser aprobada por el Parlamento, ya que no tiene su eje en la educación, sino que constituye una contrapropuesta del Ejecutivo a un proyecto de Ley aprobado por el Congreso –y vetado el viernes por Rousseff– que proponía una nueva distribución de los pagos que hacen al gobierno las petroleras por la explotación del hidrocarburo (también nombrados royalties).

El punto que molesta al Congreso no es el que tiene que ver con los destinos de las regalías del petróleo en educación, aunque los legisladores ya advirtieron que no lo aprobarán sin previo debate. El origen de la discordia es la distribución de esos ingresos entre los estados. Actualmente, los estados no productores de petróleo reciben porcentajes mínimos de los mismos, mientras el grueso de las ganancias va para los principales productores.

El proyecto de ley vetado por Rousseff, que había sido aprobado por el Senado el año pasado y ratificado por la Cámara baja hace un par de semanas, preveía una redistribución más equitativa de las regalías del petróleo y proponía que esa redistribución se aplicara tanto a los lucros provenientes de los contratos de concesión vigentes como a los que se licitarán a futuro.

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, propondrá destinar ganancias del petróleo a la educaciónFoto Ap

Rousseff vetó el viernes el principal artículo del proyecto, y anunció que en la medida provisoria que enviará al Congreso contemplará una redistribución de los ingresos por la explotación petrolera similar en porcentajes a la aprobada por el Parlamento, pero que la misma regirá solamente en los nuevos contratos de exploración.

Pero el veto a la esencia de la ley, que fue celebrado por los principales productores de petróleo, Río de Janeiro y Espíritu Santo, generó malestar en los 24 estados no productores, cuyos representantes en el Legislativo fueron precisamente los que lograron la aprobación del proyecto inicial.

Analistas políticos afirman que la medida provisoria desatará una nueva batalla en el Congreso, donde los parlamentarios de los estados perjudicados por el veto ya amenazan con derribarlo.

Una de las principales objeciones al veto es que la llegada de los recursos extras a los estados demorará años en que se materialice.

Vamos a intentar revertir eso por todos los caminos, advirtió el senador Marcelo Castro, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del gobierno.

En la misma línea, su correligionario y relator del proyecto vetado por Rousseff, el senador Vital do Rego, defendió que se derribe el veto presidencial.

Lamento la posición de la Presidenta en nombre de los 24 estados (no productores), en nombre de todas las bancadas que lucharon por este gran avance social, en nombre de 170 millones de brasileños que querían que esta riqueza no quedara concentrada apenas en algunos pocos municipios. Confieso que me sorprendió esa posición. No obstante, la respeto porque el Congreso también debe ser respetado si derriba el veto, dijo Rego.

El senador adelantó además que el destino del cien por ciento de los recursos provenientes del petróleo a la educación no será aceptada sin debate previo.

Ya habíamos contemplado en nuestro proyecto (la educación) con recursos del Fondo Social, pero la iniciativa del cien por ciento merece ser discutida. Es interesante, pero debe ser discutida de forma separada al veto, indicó.