l sexenio del presidente Calderón venía precedido de dos sucesos relevantes que no fueron tomados en cuenta: en diciembre de 2005 se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos la reforma migratoria promovida por James Sensenbrenner, de marcado corte antinmigrante, lo que generó que al año siguiente se suscitaran marchas multitudinarias en más de 250 ciudades y que movilizaron a cerca de 3 millones de personas.

El resultado fue contundente y la propuesta de ley fue desechada. Por primera vez en la historia, una ley migratoria era derrotada en las calles por los migrantes irregulares y sus múltiples aliados: iglesias, sindicatos, organizaciones sociales, empresarios, medios de comunicación latinos, familiares de migrantes y simpatizantes.

El rescoldo de la movilización popular no se había apagado, pero en México se le echaba un balde de agua fría al definir la política migratoria en el sentido de desmigratizar (sic) la relación bilateral. Calderón marcaba su raya con el gobierno de Fox, que había insistido de manera recurrente en el tema, a pesar de que la posibilidad de un acuerdo migratorio había quedado sepultado entre los fierros y el polvo de la Torres Gemelas.

Otro elemento importante que ya aparece con claridad en la campaña presidencial es un doble discurso del candidato y luego presidente panista. En sus mítines acuñó una frase que iba a repetir hasta el cansancio y a voz en cuello: “yo le digo a los americanos que no gasten tontamente su dinero construyendo un muro que de todas maneras lo vamos a brincar”.

Curiosamente, luego de ir a la plaza pública, pasó por la embajada estadunidense el 10 de enero de 2006 a justificarse y pedir la comprensión de los vecinos, aduciendo que no podía darse el lujo de perder ningún voto y que ese tema podía ser capitalizado por su oponente. El doblez salió a la luz cuando se publicaron las revelaciones de Wikileaks en La Jornada (06MEXICO255).

De ese modo la política migratoria de Calderón se caracterizó por la retórica y alzar la voz de vez en cuando, en el entendido de que no era su interés polemizar o exigir algo a Estados Unidos, sino tranquilizar a la opinión pública nacional.

En 2008 llegó a la presidencia Obama, quien había prometido en su campaña una reforma migratoria que no se dio y que tampoco promovió más allá del discurso. En votaciones clave ni siquiera se preocupó de presionar a todos los demócratas para que votaran en favor de una reforma, perdió tres votos de su propio partido porque se ausentaron de la votación. En su descargo se podría decir que si a México y a Calderón no les interesaba hablar sobre una posible reforma migratoria, a Obama menos.

De este modo se perdieron dos coyunturas clave que podrían haberse aprovechado para plantear la posición de México respecto del lacerante tema de la migración irregular al que aportamos 6 millones de ciudadanos.

Dentro del mismo plano retórico, México tomó a destiempo la estafeta de ser organizador del Foro Global de Migración y Desarrollo 2010. La intención era posicionar a México como un país que proponía alternativas a la agenda migratoria global y que promovía el respeto irrestricto a los derechos humanos de los trabajadores migrantes. Y se habían dado algunos pasos al respecto, como la reforma legal que descriminalizaba a la migración irregular en México.

Sin embargo, pocos meses antes del foro, que se iba a celebrar en Puerto Vallarta, explotó el tema, y el problema, de la migración en tránsito y el secuestro de migrantes. La masacre de San Fernando, que costó la vida a 72 migrantes, fue una tragedia nacional que puso en evidencia lo poco que se había hecho para solucionar el problema del secuestro y extorsión de migrantes, asunto que desde años atrás había sido denunciado y desoído en múltiples ocasiones.

El mal manejo mediático de la situación le costó la cabeza a la comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero, y la tragedia tuvo como consecuencia que se acelerara la reforma migratoria, que asume el tema de la extranjería y deja de lado la emigración y el retorno. La ley, aprobada en 2011, significó un avance importante, sobre todo por el vacío legal que existía y la complicada y burocrática política de visas que mantenía aislado al país.

Sin embargo, quedó pendiente el reglamento de la ley, que suscitó amplio debate con organizaciones de la sociedad civil. Finalmente se resolvió el entuerto, de la mano del subsecretario Gustavo Mohar, que supo llevarla a buen puerto y que solicita que se dé una oportunidad de probarse en la práctica. Luego que se evalúe, critique y modifique.

El fenómeno migratorio es un proceso dinámico y cambiante y las leyes tienen que ajustarse a esta realidad, no son ni pueden ser eternas.

Queda como herencia institucional para el próximo sexenio la unidad de política migratoria y dos consejos, uno consultivo y otro ciudadano que deben impulsar una reforma integral que asuma el tema de la emigración y el retorno, además de vigilar la marcha y funcionamiento de la nueva ley y su reglamento.

Queda pendiente la definición de una política migratoria por el nuevo gobierno, tanto de Gobernación como de Relaciones Exteriores. La vieja política de la no política sería lamentable en un momento en que es posible opinar, presionar y negociar por una reforma migratoria en Estados Unidos.