Ciudadanos que integran la asociación cívica Mexicanos Unidos presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una acusación contra los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón por haber incurrido durante sus sexenios en traición a la patria, genocidio económico y genérico y en ataques a los derechos y garantías constitucionales, todos actos tipificados como ilícitos en el Código Penal Federal.

El abogado Porfirio Martínez González, uno de los promoventes de la demanda señaló en entrevista que la expectativa es que la PGR abra una averiguación previa y resaltó que debido a que se prevé que Calderón Hinojosa abandone el país, solicitan que el caso se turne a un juez y que éste decrete el arraigo de Calderón en los términos a lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución, a fin de que enfrente las acusaciones en territorio nacional.

Quienes conforman Mexicanos Unidos, apuntó, son ciudadanos de varios estados y con diversas ocupaciones; además de abogados, signan la acusación científicos, sindicalistas, luchadores sociales y ex integrantes de movimientos como el de 1968 (Luis Cervantes Cabeza de Vaca). Pero también están apoyando esta petición “actores, escritores y destacados investigadores, como Jorge Montemayor, doctor en física de la UNAM, indicó el litigante, quien explicó que con muchas de las medidas tomadas por los ex mandatarios panistas se violó la Constitución y con ello traicionaron el juramento que hicieron al rendir protesta como presidentes de México.

Apuntó que Fox, en su caso, tomó acciones de gobierno y signó acuerdos comerciales, como el Plan Puebla-Panamá y la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, y en el caso de Calderón, sobre todo por genocidio genérico, ya que durante su sexenio derivado de la guerra contra el narco murieron más de 80 mil personas.

Los demandantes prevén que el lunes tengamos alguna respuesta de la PGR.

En la acusación también se indica que Calderón además de que emprendió una errática e inconstitucional estrategia de guerra en contra del crimen organizado, avaló la concesión de amplias zonas costeras, mineras y para la generación y comercialización de energía eléctrica en favor de empresas trasnacionales españolas y candienses, también abandonó al campo y a la educación, entre otras muchas acciones.