Son 85 las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público acusadas de ataques a la paz pública, por los desmanes ocurridos el sábado pasado en el centro de la ciudad. De ellas, 65 son hombres y 20 mujeres, a los que se suman 11 menores que fueron canalizados a la Fiscalía Central para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, son en total 96 personas y el plazo para resolver su situación jurídica vence este lunes, informó el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida.

El funcionario afirmó que los cilindros de gas, bombas molotov y una granada de fragmentación señalan claramente que hubo premeditación y un plan específico para realizar actos violentos y atacar la paz pública de la ciudad, aunque no reveló si se conocía quién podría ser al autor intelectual de ese plan.

El procurador capitalino dijo que cinco de los presentados cuentan con antecedentes penales: Ángel Boydán Florencia y Mario Flores Guerrero, por el delito de robo; Miguel Ángel Zepeda Patlani y Sergio Mendienta Espinoza, por daños a la propiedad, y Arturo Jasso Díaz, por violencia familiar.

Asimismo, dijo que también hay un detenido de nacionalidad rumana que realizó actos vandálicos, y por tanto es investigado.

En la conferencia, que empezó casi una hora después de lo programado debido a que la senadora de Movimiento Ciudadano Layda Sansores se presentó en el salón donde se realizaba la rueda de prensa y se negaba a salir, Rodríguez Almeida confirmó que fueron los propios detenidos quienes se identificaron como miembros de grupos anarquistas y del movimiento #YoSoy132. Aclaró que a ningún grupo se persigue por profesar alguna ideología, sino por los hechos que haya cometido

El titular de la PGJDF explicó que personal de Servicios Periciales verificó la identidad de 48 presentados; sin embargo, este proceso se suspendió, ya que el resto de los detenidos se negó a la prueba pericial de dactiloscopía y fotografía, a instancias de los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Una sucursal de Banorte resultó dañada, como otros inmuebles, por los disturbios del 1º de diciembre en avenida JuárezFoto Pablo Ramos García

Aseguró que con los testimonios, videos, imputaciones y documentación gráfica la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal seguirá realizando diligencias para que queden cuantificados todos los daños causados de manera violenta, y mañana se determinará la situación jurídica de los presentados.

Durante todo el día, familiares de los detenidos permanecieron afuera de la Agencia Central de Investigación en espera de poder ver a los acusados, por lo que cientos de granaderos resguardaron las instalaciones de la procuraduría capitalina.

El abogado de los detenidos, Juan de Dios Hernández, dijo que hay inconsistencias en las acusaciones al ubicarlos en un lugar, mientras fueron detenidos en otro. Decenas de familiares afirmaron que muchos detenidos fueron subidos a las patrullas sólo por encontrarse en el lugar del conflicto.

Durante el día, las autoridades les solicitaron documentos escolares, laborales, cartas de recomendación y de buena conducta, además del acta de nacimiento y credencial de elector para poder descartarlos como los que provocaron daños a edificios, restaurantes y otros inmuebles.

Por otra parte, el subsecretario de Gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, señaló que las autoridades locales están atentas y preparadas para evitar que se vuelvan a presentar esas situaciones, que básicamente estaban orientadas a la toma de protesta y a los actos relacionados con el cambio de poderes y de gobierno, por lo que no tenemos previsión de que haya más acciones similares.

Indicó que con anterioridad al 1º de diciembre hubo llamamientos de organizaciones anarquistas a cometer disturbios; sin embargo, los hechos son investigados a partir de los responsables directos identificados y algunos detenidos.