Buenos Aires, 2 de diciembre. La guerra mediática y jurídica librada en Argentina por el Grupo Clarín para intentar retrasar el cumplimiento de la ley de servicios de comunicación audivisual, cuyo plazo judicial vence el próximo 7 de diciembre, no sólo afectó la credibilidad de algunos jueces, sino también mostró al poder eclesiástico tomando posiciones, que enfrentan a su vez los sectores religiosos de la opción por los pobres.

Nada de esto ha impedido la aparición del primer canal indígena, como fruto de la aplicación de lo que se ha podido poner en práctica de esta avanzada y democrática ley votada en 2009 por el Congreso y ratificada por la Suprema Corte de Justicia.

El pasado 22 de noviembre Grupo Clarín solicitó a la Suprema Corte que se extendiera la medida cautelar dictada a su favor hasta una fecha posterior al 7 de diciembre. Vale recordar que antes y después de que se votara la ley Grupo Clarín interpuso varias medidas cautelares.

Su argumento en este caso es que el Estado recusó a varios jueces. Pero, en tanto, se investiga la conducta de varios magistrados ligados a esta causa, que recibieron trato prebendario del diario Clarín, con invitaciones a países extranjeros, lo que creó una complicada situación a la justicia.

El máximo tribunal exigió que el juez Horacio Alfonso dicte de inmediato una sentencia de fondo, pero ya se está sobre la hora y los tiempos procesales no alcanzan, por lo que la Cámara Civil y Comercial tiene la facultad de tomar una decisión. La Corte también advirtió que las medidas cautelares no pueden durar hasta el infinito.

El enredo judicial continuará hasta el próximo 7 de diciembre, cuando al fin se deberá tomar una decisión en cuanto a la medida en la que se resguarda Grupo Clarín para no cumplir con lo que dispone la ley y adecuarse para terminar con una posición monopólica.

Los analistas locales coinciden en que, sea cual sea la decisión de la Cámara, el grupo mediático continuará intentando burlar la ley y vendrán nuevos reclamos judiciales, avance en el cumplimiento de la legislación sobre las licencias.

En tanto, en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) ya se recibieron varios planes de adecuación a la ley 26,522, de grupos que tienen licencias de radio y televisión. La ley establece un límite a cada grupo de 35 por ciento del mercado, diez licencias de señal abierta y 24 licencias de cable. Grupo Clarín controla más de 240 licencias.

Entre las propuestas de desprendimiento de canales de cable, de televisión y otros, que ya están siendo analizadas por el titular del organismo, Martín Sabbatella, figuran Grupo Uno, Indalo, Radiovisión Jujuy, Ick y La Capital.

Grupo Uno propone su disolución

El Grupo Uno, por ejemplo, propuso su disolución y dividir entre sus socios originales parte de las licencias, conformando nuevas unidades productivas a cargo de cada socio o en vinculaciones que, a título personal, no presentan incompatibilidades entre sí. Además, prevén transferir 11 licencias de medios y vender 16 licencias y tres registros, entre otros, lo que ya de por sí habla de la gran concentración mediática que regía las reglas del juego de la comunicación, en desmedro de la democracia informativa.

En este contexto, a las cero horas del 8 de diciembre se verá en Bariloche, provincia de Río Negro, la primera transmisión del canal Wall Kintun TV, en mano de comunicadores mapuches.

Este grupo de periodistas estaba trabajando junto al productor Pablo García y una vez por semana difundía información de pueblos originarios.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal Argentina, que preside José María Arancedo, confirmó que se reunirá con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo 18 de diciembre y desmintió noticias del periódico Clarín de que la mandataria recibió un pedido de encuentro de la cúpula eclesiástica y no había respondido.

Arancedo sostuvo que la presidenta contestó de inmediato, citándolos para el 12 de diciembre, pero que él mismo le solicitó un cambio de fecha para el 18. Los obispos habían hablado de un momento muy difícil en el país, mientras sacerdotes de base advertían que estas declaraciones eran parte de toda una acción política destinada a presionar al gobierno, que se está enfrentando a un poder monopólico por excelencia.