El Pacto por México que suscribieron este domingo el Ejecutivo federal y las tres principales fuerzas políticas –los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)– plantea, en el ámbito económico, poner fin a los privilegios fiscales, en particular el régimen de consolidación fiscal; reducir el sector informal de la economía y replantear la política de subsidios y regímenes especiales. En el documento se reivindica la necesidad de fortalecer la capacidad financiera del Estado, anulando subsidios que tienen resultados regresivos, pues se asignan mayores recursos a los que más tienen.

Como parte del documento se plantea dotar de mayores herramientas legales a la Comisión Federal de Competencia para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía; particularmente se le otorgará la facultad para la partición de los monopolios. Se precisarán en la ley tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para hacerlos efectivos.

En el ámbito político sobresale en el documento una reforma que favorezca la gobernabilidad mediante el otorgamiento al Presidente de la República (que ahora tomaría protesta el 15 de septiembre) de la posibilidad de optar entre gobernar con minoría política o gobernar a través de una coalición legislativa y de gobierno y con ello se permitirá al Ejecutivo formar una mayoría estable en el Congreso. Se incluirá como causal de nulidad de una elección el rebase de topes de campaña, la utilización de recursos al margen de las normas que imponga el Instituto Federal Electoral (IFE), así como la compra de cobertura informativa en cualquiera de sus modalidades periodísticas.

Además se plantea impulsar una nueva ley de partidos políticos que regule su actuación; se proscribirá la entrega de utilitarios en las campañas. Asimismo, se impulsará una reforma al Distrito Federal a fin de que se designe oficialmente como Ciudad de México, lo que implicaría revisar las facultades del jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

Formado por cinco grandes capítulos (Seguridad y justicia; Gobernabilidad democrática; Crecimiento económico, empleo y competitividad; Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como Sociedad de derechos y libertades), el pacto alude también a la cédula de identidad: con el objetivo de garantizar el derecho a la entidad ciudadana, se estudiará la necesidad de realizar cambios jurídicos e institucionales para crear la Cédula de Identidad Nacional y el Registro Nacional de Población, asegurando que no se utilice con motivos políticos o electorales.

Por lo que hace a la seguridad, el pacto incluye crear la gendarmería nacional como un cuerpo de control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado mexicano en todos los rincones del país, sin importar lejanía, aislamiento o condición de vulnerabilidad.

En el ámbito económico, el pacto plantea la ley de responsabilidad hacendaria para las entidades federativas y municipios, para controlar el exceso de endeudamiento, regulando el acceso a la fuente de pago y a las garantías de la Federación. Se proponen cambios para lograr mayor eficiencia recaudatoria, pero al mismo tiempo una reforma hacendaria eficiente y equitativa que sea palanca del desarrollo, fortaleciendo la capacidad recaudatoria del Estado.

Particular énfasis se hace en materia petrolera, pues el documento destaca que los hidrocarburos seguirán siendo propiedad de la nación, la propiedad de Pemex como empresa pública y la garantía, en todos los casos que la nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos. Se plantea el fortalecimiento de Pemex como empresa de carácter productivo que se conserve como propiedad del Estado pero que tenga la capacidad de competir en la industria hasta convertirse en una empresa de clase mundial.

Se considera que ello implicará contar con reglas de gobierno corporativo y de transparencia que exigirían a una empresa productivo de esa importancia. Se pretende ampliar la capacidad de ejecución de la exploración y producción de hidrocarburos pero se impulsarían reformas para crear un entorno de competencia en los procesos económicos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos.

En cuanto a la competencia, se reforzará la autonomía y la capacidad decisoria de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que opere bajo reglas de transparencia y de independencia respecto de los intereses que regula. En cuanto a la televisión, además de las nuevas cadenas de televisión abierta se implantarán reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, entre ellas, la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisión de paga, imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado; se regulará cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos.