Playa del Carmen, QR. 7 de diciembre. El pasado 5 de julio la alcaldesa de Tulum, Edith Mendoza Pino, solicito licencia para separarse del cargo por 90 días argumentando motivos de salud. Cuando el 27 de septiembre pretendió regresar, un cerco policiaco le impidió el acceso al palacio municipal.

Ante esta situación, presentó un recurso ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo en el que solicitaba que se le permitiera regresar a su puesto ya que su licencia estaba por concluir. Paralelamente a sus intentos por volver a la alcaldía, la Auditoría Superior del Estado determinó que la edil había desviado 69 millones de pesos.

El 3 de octubre, cuando se vencía el plazo para que volviera a la alcaldía, la regidora panista de Tulum, Silvia Lugo, presentó ante el Congreso una solicitud de juicio político, en la que acusaba a Mendoza de desvío de recursos.

Ayer el Tribunal Electoral de Quintana Roo declaró improcedente la solicitud de Mendoza para regresar a su cargo porque –dijo– ella renunció al cargo. También ayer, en sesión privada, el pleno de la Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión Instructora que declara procedente un juicio político contra la munícipe con licencia.

La emplazó para que el 13 de diciembre acuda a la sede del Poder Legislativo a defenderse de los cargos que se le imputan. Ayer, cuando ya se encontraba en el estacionamiento del Centro de Detención de Playa del Carmen, la edil narró que para obligarla a pedir licencia el 5 de julio, elementos armados la mantuvieron secuestrada hasta que firmó la solicitud.

La priísta Mendoza Pino forma parte del grupo de Los Joaquín –uno de los dos grupos políticos fuertes de la entidad– encabezado por Pedro Joaquín Coldwell, recién nombrado secretario de Energía por el presidente entrante, Enrique Peña Nieto; el otro grupo es el del ex gobernador Félix González Canto, del que es parte el actual mandatario estatal Roberto Borge.