a enredada propuesta electoral de Peña por un sistema de seguridad social universal (diseñada por Levy), culminó en tres acotados compromisos (1,3,4) que extienden –otro sexenio– el parche denominado Seguro Popular, más dos compromisos-complementos mínimos (2 y 5). La anhelada universalidad para todos, pivoteada desde los impuestos generales, se declara sin materializarse.

El enredo-Levy presumía un fantástico consenso para garantizar cuatro derechos exigibles: seguro de salud, seguro de desempleo temporal, pensión para el retiro y seguro contra riesgos laborales, financiado con IVA alzado y sin excepción (Peña Nieto, 2011, México, la gran esperanza. capítulo 5, y Santiago Levy, 2012, Seguridad Social Universal, Nexos, noviembre).

En el pacto reaparecen: acceso universal a los servicios de salud (compromiso 1), que resume el diagnóstico de Funsalud (2011, Proyecto de Universalidad de los Servicios de Salud) para reorganizar la portabilidad de las coberturas y la convergencia de los sistemas, a fin de igualar la calidad. Iniciaría en 2013.

Pensión para adultos mayores de 65 años sin SAR o pensión IMSS-Issste (compromiso 3) que ajustará al programa 70 y más de Sedesol, agregando una cuota social a la cuenta individual. Iniciaría en 2013.

Seguro de desempleo (compromiso 4) cuyos componentes no se definen. La reforma legal para su implementación se presentaría en el primer semestre de 2014 y su operación iniciaría en el segundo semestre de ese año.

Ante el crecimiento de los males asociados a la obesidad, el compromiso 2 modificaría las NOM para prohibir en las escuelas los alimentos chatarra, retomando las suaves recomendaciones de la OCDE-Gurría (2012, México. Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente). Se presentarían las reformas legales en el segundo semestre de 2013 para iniciarlo en el primer semestre de 2014.

El compromiso 5, Seguro de vida para jefas de familia, se implementaría en el primer semestre de 2013.

Además, los compromisos 1, 3 y 4 están sujetos a la aprobación de la reforma hacendaria.

El Pacto confirma que el enredo-Levy fue desechado, optándose por preservar –otro sexenio– la comprometida operación del programa electorero Seguro Popular y su federalismo disfuncional. El motivo es claro. Como documentan Diaz Cayeros y colaboradores (La geografía electoral de 2012): aunque Peña tuvo ventaja entre la población menos favorecida por sobre AMLO, este sector de la población apoyo primero al PAN, refrendando los beneficios de programas como el Seguro Popular y Oportunidades. El nuevo PRI seguirá capitalizándolo, mientras relega la mejora efectiva de los servicios y la actualización del catálogo de prestaciones a la altura de la ciudadanía del siglo XXI.

El contenido del compromiso 1 refrenda que el equipo de Peña adoptó la propuesta de Julio Frenk-Funsalud para parchar –por lo pronto– su propia propuesta de universalidad sólo con más portabilidad y más convergencia.

Pero, en el cuadro de la entrada en operación plena de la Obama-Care, la consolidación de las aseguradoras, la Asociación Nacional de Hospitales Privados, el crecimiento de los grupos Ángeles (Vázquez Raña), Star Médica (Slim) y la previsible presencia de nuevos jugadores, está aún por establecerse si más portabilidad puede significar, igualmente, más presencia de aseguradoras y cadenas hospitalarias privadas en la oferta de servicios de atención médica, financiadas con recursos públicos.

Por su parte, el compromiso 3, pensión para adultos, seguirá capitalizando el sistema-Afores, que cobra altas comisiones devolviendo rendimientos y pensiones mínimas a los verdaderos titulares de los recursos pensionarios: los trabajadores.

En el Seguro de vida para jefas de familia, habrá que aguardar el rostro, carácter y beneficios que se adjudicará el operador.

Así, el escuálido debate electoral organizado apenas por un puñado de intelectuales mediáticos y ciertos dignatarios de los poderes fácticos, decantó en otra captura de la agenda pública (como ya ocurriera con Fox y Frenk) por el grupo de interés Funsalud. Los grandes errores en la operación política del tecnocrático enredo-Levy, contribuyeron a cancelar –por ahora– lo que hubiera representado una excelente oportunidad para imprimir un ajuste profundo a la red de protección social, sintonizándola con la realidad sanitaria de sus usuarios.

El Pacto opta por una de las alternativas para seguir racionando tecnocráticamente el catálogo de prestaciones sociales: la de Frenk, Funsalud y Mercedes Juan, vía las 13 intervenciones en paquete de Oportunidades; las 284 intervenciones del Catálogo Universal de Servicios Esenciales, las 58 del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular y las 131 del Seguro Médico para una Nueva Generación, sacrificando al enredo-Levy y sus entusiastas promotores (Aguilar Camín).

Pero quien más pierde es el ciudadano usuario mexicano –especialmente los jóvenes– que, con una reforma laboral que cancela virtualmente las posibilidades de generar antigüedad para capitalizar prestaciones de la seguridad social, sólo recibirá del nuevo PRI una universalidad parchada con entrada efectiva apenas a los racionamientos del acceso universal, cuota social mínima en las Afore y un seguro por desempleo sin rostro.

En suma: ampliación de derechos sociales acotados. Doce años panistas perdidos y, previsiblemente, seis más de la segunda alternancia, ahora, vía un híbrido universal. Por lo pronto y sin desconocer sus bondades, en salud y seguridad social, el Pacto no es contra, sino para los poderes fácticos: Funsalud.

El nuevo PRI carece de una sola línea para atender la primera demanda ciudadana: mejorar servicios, mejorando las condiciones de quienes son los responsables finales de la calidad: los equipos nacionales que brindan la salud y la seguridad social.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco