El estado actual de emergencia hídrica en que se encuentra el país es producto de un modelo de gestión del agua que antepone los intereses económicos sobre el derecho humano al recurso natural y que ha convertido a México en un paraíso para contaminadores, pues poco se hace para evitar la contaminación en los cuerpos de agua, señalaron miembros de organizaciones ambientalistas a propósito de la advertencia del Tribunal Latinoamericano del Agua sobre la urgencia nacional en la materia.

Los casos documentados ante el tribunal “no son problemas aislados, es una política de Estado, hay desvío de poder y corrupción. Las instituciones han sido capturadas para ponerse al servicio del capital y no garantizan los derechos de los pueblos, al contrario, hay represión y los megaproyectos se siguen llevando a cabo”, sostuvo Alejandra Méndez Serrano, integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA).

Añadió que el nuevo gobierno tiene el reto y la obligación de llevar adelante políticas públicas y legislación adecuada en el tema. El problema es grave. Tiene que reconocerse, y luego implementarse acciones contundentes.

Brenda Rodríguez, de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (Comda), destacó la labor de dicho tribunal –el cual si bien no es jurídicamente vinculante, tiene un peso ético–, la cual hace evidente que el diálogo con las instituciones del gobierno no tiene mucho eco.

Sobre la negativa de las autoridades ambientales para dar su posición con el argumento de que no es un organismo reconocido por los estados, Méndez Serrano afirmó que es un tribunal en toda forma, opera conforme a derecho internacional y funciona como cualquier tribunal de debido proceso, se atiene a cuestiones de derecho internacional.

Agregó que los problemas del agua se recrudecen con los avances de la minería en el país. El agua se utiliza para una actividad tan contaminante (la minería) y no genera desarrollo económico para las comunidades, lo que pone en peligro el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.

De su lado, Pierre Terras, coordinador de la campaña de tóxicos de Greenpeace, sostuvo que la situación es trágica, toda vez que más de 70 por ciento de cuerpos de agua superficiales en México están contaminados.

Muchas veces no se pueden usar ni para agricultura, e incluso son un riesgo permanente para la población aledaña.

Recordó que en el país hay apenas nueve sustancias tóxicas reguladas y que en el río Santiago, en Jalisco, el propio gobierno encontró mil 90 sustancias químicas.

En México se puede contaminar perfectamente de manera legal y aun así muchas empresas no respetan la ley. Nada las regula. Eso es trágico para los ríos de México, lamentó.