Amnistía Internacional (AI) dio a conocer el informe titulado Transformar dolor en esperanza: defensores de derechos humanos, basado en más de 300 casos de intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos del continente americano, 47 de los cuales se refieren a ataques ocurridos en México.

En su documento, la organización con sede en Londres advirtió que las defensoras y defensores de derechos humanos sufren niveles crecientes de intimidación, hostigamiento y ataques a manos de las fuerzas de seguridad, grupos paramilitares, empresas y bandas criminales, para impedirles defender los derechos de las personas más marginadas.

En el caso particular de México, subrayó, los miembros de este gremio sufren hostigamiento judicial, son detenidos sobre la base de pruebas deficientes o enfrentan durante años cargos falsos contra ellos porque se dictan órdenes de detención que luego no se ejecutan.

Uno de los casos destacados en el informe es el de los indígenas nahuas José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, quienes pasaron casi tres años en prisión, acusados de un delito que no cometieron, como represalia por su trabajo para que toda su comunidad accediera al agua de forma gratuita.

Aunque AI saludó que el Congreso mexicano haya aprobado por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en abril de 2012, al mismo tiempo advirtió que es fundamental que los legisladores se aseguren de asignarle al Mecanismo de Protección todos los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento.

Por otro lado, el informe señaló que algunas de las personas que son un blanco particularmente vulnerable son quienes trabajan en cuestiones relativas a la tierra y los recursos naturales, los derechos de las mujeres y de las lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

De igual manera, también están en una situación muy delicada los defensores de migrantes indocumentados, los periodistas, blogueros y sindicalistas, entre otros.

Como muestra del enorme margen de impunidad que hay en la zona, Amnistía Internacional subrayó que de los casi 300 casos analizados en América, sólo en cuatro se declaró culpables a los autores materiales.

Por todo lo anterior, la organización recomendó a los gobiernos del continente que pongan fin a los ataques contra defensores de derechos humanos al tomar todas las medidas necesarias para proteger su labor; reconozcan públicamente la importancia y legitimidad de su trabajo, y tomen todas las medidas necesarias para sensibilizar a las autoridades sobre la importancia de defender las garantías individuales.