Tijuana BC, 9 de diciembre. Según el experto en derechos humanos y catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California, Heriberto García García, una droga se consume en el primer uso, pero las personas que son víctimas de redes de trata de personas pueden ser utilizadas por criminales hasta que escapen, les dejen de ser útiles o mueran, se trata de un negocio muy lucrativo.

El también ex procurador de los Derechos Humanos de Baja California y director de la Oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Tijuana, explicó que esta parte del crimen organizado trabaja en células: una engancha a las víctimas, otras las explotan y trasladan a distintas zonas del país o del extranjero”.

Según García García, se requiere crear centros de atención a mujeres, dar protección a las víctimas y sus familias, así como promover la prevención y persecución de este delito.

Añadió que en Baja California empezó una reforma al Código Penal que evolucionó en una ley que sanciona la explotación laboral y sexual, así como la pornografía infantil. Recordó que en 2008 se creó el primer comité regional contra trata de personas, y consideró necesario hacer visible el tema, problema con profundas raíces culturales, sociales y económicas, de ahí que debe manejarse en forma integral.

Consideró que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe ser más eficiente, para no circunscribirse al lugar donde fue detectado el delito, pues la regla de oro es proteger a la víctima y el entorno, porque no es una afectada cualquiera y la trata de personas no se puede combatir sólo con cuestiones policiacas.

Por lo pronto, a pesar de la denuncia que Gloria presentó luego de huir de quienes la hicieron su víctima, la PGJE no ha reportado avances en la investigación.

A su vez, la diputada local priísta, Nancy Sánchez, señaló que, según la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, sólo se ha concluido 20 por ciento de las denuncias por trata de personas presentadas ante agencias de Ministerio Público que operan en la entidad, lo que implica que ocho de cada 10 casos se encuentran impunes.