Celaya, Gto., 9 de diciembre. El gobierno de Celaya no puede detener a limosneros, ni a comerciantes ambulantes por trabajar en la calle, por lo que la Procuraduría de los Derechos Humanos estatal (PDHG) investiga si la policía violó las garantías individuales de los cuatro invidentes arrestados la semana pasada por pedir dinero en los cruceros, informó el titular del organismo, Gustavo Rodríguez Junquera.

La policía preventiva no debe ni puede detener a persona alguna si no es en la flagrante comisión de un delito o de una falta administrativa, sostuvo el ombudsman guanajuatense.

El 5 de diciembre, agentes municipales arrestaron a Armando Cruz Beltrán, Feliciano García Cruz, Crescencio David García Cruz y a Jesús Banda Campos quien padece discapacidad motriz, en cumplimiento de la disposición emitida por el alcalde Ismael Pérez Ordaz de limpiar los cruceros de la ciudad.

Los uniformados acusaron a los invidentes y al discapacitado motriz de violar el artículo 34 del Bando de Policía y Buen Gobiern, por obstruir la vía pública.

En el caso del expediente 174/2012/C-1 relativo a la detención de cuatro personas con discapacidad se realizan las diligencias necesarias a fin de determinar si los actos de la autoridad violaron o no derechos humanos de los quejosos, refirió Rodríguez Junquera.

El gobierno de Celaya tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y no molestarlos en sus bienes y sus personas, a menos que tenga un mandato judicial, concluyó.

Al inicio de su mandato, Pérez Ordaz, quien ganó la alcaldía postulado por el PAN, anunció que en su administración (2012-2015) se aplicará un operativo permanente para arrestar a las personas que vendan productos o pidan limosna en los cruceros. Creo que entenderán que queremos calles ordenadas y limpias y sé que la gente poco a poco lo entenderá, sostuvo en ese entonces el munícipe.