El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio marcha atrás en el compromiso de establecer criterios y tesis jurídicas en los casos de militares que deben ser juzgados por el fuero civil, al enviar a tribunales colegiados los 17 amparos aplazados desde septiembre pasado –turnados inicialmente a la primera sala–, en los que se denuncia a soldados por delitos graves y de lesa humanidad.

Así, en lugar de definir el método y la forma en que juzgados y tribunales federales deberían resolver, los asuntos se abordarán de manera individual, sin la difusión que tendrían de haber sido juzgados por la Corte, por lo que cada tribunal emitirá los criterios que considere apropiados.

Fuentes judiciales confirmaron lo anterior y agregaron que, entre los asuntos que evadió dictaminar la SCJN destacan delitos como homicidio calificado, inhumación clandestina de cadáveres, homicidio de un civil en instalaciones castrenses, civiles muertos en operativos antidrogas y en retenes, militares acusados de tráfico de metanfetaminas y drogas en vehículos oficiales y por presunta colaboración con el cártel del Golfo.

La decisión fue adoptada en sesión privada la semana pasada, luego de que la primera sala resolvió regresar los expedientes al pleno el pasado 28 de noviembre, cuando el ministro José Ramón Cossío anunció que votaría en contra de los resolutivos aprobados por el pleno en septiembre pasado, en 17 casos que involucran a militares. Eso se traduciría en que los asuntos de la sala no serían votados según los lineamientos del pleno, por lo que era mejor que los 11 ministros resolvieran qué hacer.

En septiembre, el pleno sólo estableció inaplicar por inconstitucional el artículo 57 del Código Militar –que permitía juzgar a soldados en el fuero de guerra en delitos contra civiles cuando hubieran violado la disciplina castrense– y que jueces civiles revisaran los ilícitos que no tuvieran que ver con la disciplina castrense, así como que los casos de narcotráfico los resolviera el fuero de guerra cuando no hubiera civiles involucrados.

Entre los asuntos turnados a los tribunales colegiados se encuentran los que presentaron una docena de militares, en los que impugnan el auto de formal prisión dictado por un juez castrense, por haber traficado con metanfetaminas y cocaína en y desde instalaciones militares utilizando vehículos oficiales, hacia diferentes puntos del país.

Otro, en contra del auto de formal prisión dictado por un juez militar el 24 de marzo de 2010, donde se acusa al teniente de infantería José Bernardino Barroso Díaz; al sargento segundo de infantería Fredi Alberto Hernández Robles; a los soldados de infantería José Ausencio Sánchez de la Cruz y Elías Pacheco Martínez, por probable responsabilidad en el homicidio, en calidad de copartícipes, de Venancio Olivera Ávila y Cecilio Vásquez Miguel, por el uso innecesario de sus armas.

Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2008, cuando las víctimas se encontraban en una plantación de maíz en el paraje Daniluguia, en el poblado de Santiago Lachivía, Yautepec, Oaxaca, adonde arribaron unos 25 militares, quienes luego de gritar: Alto. Nadie se mueva; somos del Ejército, dispararon y mataron a los campesinos.

Otro asunto está relacionado con el asesinato, en 2010, de los civiles Ricardo Enríquez Chávez y Joan Arturo Enríquez Anchondo, en 2010, por militares, quienes además inhumaron los cuerpos de forma clandestina en el poblado Nuevo Ser, municipio de Peña Blanca, Chihuahua.

Están involucrados, entre otros, el coronel de infantería Élfego José Luján Ruiz, comandante del 35 batallón de infantería, y el teniente coronel de infantería Alfredo Bravo Alcaraz, segundo comandante de dicho batallón.

Otra causa tiene que ver con la desaparición forzada de nueve personas en un retén militar, el primero de octubre de 2010 en el poblado de Jilotlán de Dolores, Jalisco, que involucra a los soldados presentes al momento de los hechos.

Uno más está relacionado con el asesinato a golpes en un cuartel militar de un civil que fue entregado por la policía municipal en las instalaciones del primer batallón de infantería en Veracruz, por una falta menor. En el caso están involucrados jefes y personal de tropa.

Otro caso es también el del coronel de infantería Élfego José Luján Ruiz, quien habría ordenado a dos oficiales el ocho de enero de 2010 que mataran a Mario Alberto Guerrero León, El Janos, y a Mario Alberto Peralta Rodríguez, El Capulina.

Un tribunal colegiado será el que resuelva el amparo que presentaron los soldados Jaime Saavedra Treviño y Faustino Torres Hernández, a quienes un juez militar dictó auto de formal prisión por disparar imprudentemente a la civil Sandra María de la Garza Morales, en un retén en Nuevo León, el 19 de marzo de 2010.

Asimismo, está el caso del soldado Luis Modesto Hernández, quien fue procesado por narcotráfico, por haber preguntado a otros militares sobre la captura de tres presuntos integrantes del cártel del Golfo en Nuevo León.