No obstante percibir sueldos cercanos a 150 mil pesos mensuales y generosas prestaciones, los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) pretenden ahora hacerse de automóviles nuevos, aun cuando las unidades actuales tienen antigüedad de cuatro años.

De acuerdo con empleados de ese órgano autónomo, hay un grupo de magistrados que presiona para que en el presupuesto del próximo año se destine una partida para la adquisición de vehículos nuevos, así como recursos adicionales cercanos a 100 millones de pesos para la creación de un fondo de pensiones.

Información oficial del TCADF indica que cada uno de los 22 magistrados de las salas superior y ordinaria tiene una percepción bruta mensual de 148 mil 890 pesos, además se les asigna un automóvil de modelo reciente, chofer, vales de gasolina por 2 mil pesos al mes, seguro automotriz, e incluso se les paga con recursos públicos la verificación ambiental.

Esa situación contrasta con la de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde personal de esa institución detalló que estos servidores públicos ya no tienen autos asignados ni choferes pagados con recursos presupuestales.

Como parte de las prestaciones, a los 22 magistrados del TCADF se les entregan vales de despensa cada mes por 7 mil pesos, así como un celular y tiempo aire por mil 500 pesos, para el mismo periodo.

Asimismo, estos impartidores de justicia fiscal y administrativa gozan de un seguro de vida institucional equivalente a 60 meses de salario vigente, es decir, más de 600 mil pesos.

Versiones de personal del TCADF detallaron que algunos magistrados también presionan para que se incluya en el presupuesto 2013 de este órgano autónomo una partida especial de 100 millones de pesos para crear un fondo de pensiones, petición que han hecho durante varios años, pero la Secretaría de Finanzas y la Asamblea Legislativa se los ha negado.

En la cuarta Legislatura (2003-2009), el entonces diputado del PRD Tomás Pliego denunció que los magistrados que integraban en ese entonces la sala superior pretendieron utilizar recursos de los trabajadores del TCADF, que eran retenciones de impuestos no declarados a Hacienda, los que finalmente tuvieron que devolver.