Chilpancingo, Gro., 10 de diciembre. La dirigencia estudiantil de la Normal de Ayotzinapa compareció este lunes ante la comisión instructora del Congreso del estado, donde responsabilizó al gobierno de Ángel Aguirre Rivero de las muertes de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Asimismo, exigió al Poder Legislativo dar entrada a un juicio político contra el ex procurador de Justicia Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública Ramón Almonte Borja, a quienes calificaron de represores.

El 12 de diciembre de 2011, elementos de las policías Federal (PF), estatal y ministerial del estado desalojaron un bloqueo que los estudiantes instalaron en la Autopista del Sol México-Acapulco, donde perdieron la vida dos estudiantes. Además, 25 alumnos fueron detenidos y torturados, 17 por la PF y ocho por la ministerial.

En la comparecencia, que se inició a las 10 de la mañana y concluyó tres horas después, estuvieron María Amadea de Jesús y Gabriel Echeverría, padres de Gabriel Echeverría; y Jorge Herrera, padre de Jorge Alexis Herrera; así como los abogados del Centro Regional de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera Hernández, entre otros.

Los antecedentes

Ante los integrantes de la comisión instructora del Congreso local, que encabeza el diputado priísta Omar Jailil Flores Majul, el estudiante Jorge Castrejón recordó que desde el 5 de septiembre de 2011 se entregó al gobernador Aguirre Rivero un pliego petitorio que incluía convocatoria para alumnos de nuevo ingreso, material para clubes culturales y deportivos, aumento de matrícula de 140 a 170 espacios, uniformes, mejoras en el comedor y asignación de un director para la normal.

Dijo que en tres ocasiones el gobernador les suspendió las audiencias acordadas, a pesar de que lo recibieron en el plantel el 26 de septiembre del mismo año. Se agendaron audiencias el 29 de noviembre y el 6 de noviembre, pero tampoco fuimos recibidos. Para el 11 de diciembre se acuerda en asamblea realizar el bloqueo el 12 de diciembre, para exigir solución al pliego petitorio, narró.

Diego Castro, otro de los dirigentes de Ayotzinapa, señaló que el 12 de diciembre de 2011, alrededor de las “11:30 de la mañana, llegamos al bloqueo (a la Autopista del Sol), y minutos después arribaron los de la PF muy violentos, y nos pidieron desalojar la zona. Después arrojaron gases lacrimógenos y empezaron a disparar al aire. Luego llegaron los policías estatales y ministeriales, y había fuego por los todos lados.

Primero cayó Gabriel y luego Jorge Alexis; los compañeros trataron de levantarlo porque se convulsionaba. Empezamos a correr y algunos se fueron por la carretera federal rumbo a Petaquillas (municipio de Chilpancingo). Nos persiguieron en helicóptero y con patrullas; al menos cinco horas duramos en los cerros.

El alumno Óscar Neri acotó que los ministeriales nos decían que dos de sus compañeros estaban heridos, y luego ya en el piso nos empezaron a pegar; así duramos cuatro horas. Nos advirtieron que no dijéramos nada a los de derechos humanos. Como a las 2 o 3 de la madrugada nos llevaron a declarar, pero no dejaron pasar a nuestros abogados.

El estudiante campesino Gerardo Torres aseguró a los diputados que en los separos de la PM le dejaron en la ropa un casquillo percutido, lo obligaron a disparar un arma de fuego, y le dijeron: ya te chingaste, con esto te van a meter 20 o 30 años en la cárcel.

A su vez, el abogado Vidulfo Rosales Sierra demandó al Congreso poner límites al uso excesivo del poder. Hubo uso excesivo de la fuerza, tortura, privación ilegal de la libertad, se fabricó un delito, se alteró la escena del crimen. Estos elementos son suficientes para que haya responsabilidades para Alberto López Rosas y para Ramón Almonte Borja.

Una de las 30 recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo por el desalojo del bloqueo fue el juicio político para los dos ex funcionarios; López Rosas compareció el miércoles pasado ante la comisión instructora, mas no se ha informado cuándo lo hará Almonte Borja.

Se desconoce la fecha en que la comisión instructora emita su dictamen final, y den inicio a los juicios políticos, en su caso . Incluso, el presidente de la comisión instructora, Flores Majul, afirmó que hay un rezago en la revisión de 42 expedientes que dejaron las dos pasadas legislaturas.