Monterrey NL, 10 de diciembre. La profesora Janet Gámez García, de 32 años, presentó una prueba para obtener una plaza en prescolar y la ganó; sin embargo, al solicitar su ingreso al Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), le pidieron exámenes médicos y resultó con diabetes, por lo que fue rechazada.

Además, la Secretaría de Educación estatal le quitó su plaza y a cambio le ofreció un contrato de honorarios que ella rechazó. La docente buscó apoyo en la oficina del gobernador y tras insistir logró que le devolvieran su base, pero sin servicios médicos.

Janet, al igual que muchos trabajadores a quienes tras varios exámenes médicos les detectaron alguna enfermedad prexistente (o consecuencias de enfermedades anteriores) son rechazados por el Isssteleón. En el caso de Gámez García no consideraron que cotizó y aportó sus cuotas mientras esperaba respuesta durante cuatro años.

A cambio recibió una violación directa a sus derechos humanos, afirma Guillermo Noriega Esparza, fundador del movimiento La Rebelión de los Enfermos, que representa a decenas de afectados por las disposiciones que rigen al Isssteleón.

Las bases de la segregación

La organización, que en Sonora logró derogar una normativa similar contra los trabajadores, halló que en el artículo 4 de la ley que regula al Isssteleón están las causas por las que los servidores no son sujetos de incorporación al régimen del instituto.

La fracción quinta refiere: cuando por el resultado del examen médico practicado por el instituto se determine su no incorporación(...) y aunque la discriminación no es directa en la ley aprobada por el Congreso estatal, el reglamento expedido por el Isssteleón, que nunca fue publicado en el Diario oficial, añade: Si del resultado del examen se desprende una enfermedad, el instituto determinará la no incorporación.

El alcance de la discriminación fue documentado por su movimiento mediante 200 solicitudes de datos a diversas dependencias al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, que se realizaron entre febrero de 2011 y mayo de 2012, para conocer la normatividad que da base a la segregación en el Isssteleón.

La organización expresó que Nuevo León es la única entidad en la que los trabajadores al servicio del estado que tienen alguna enfermedad crónica o degenerativa son privados de la seguridad social; además, los trabajadores mayores de 50 años que se inscriben por primera vez en el Isssteleón son discriminados por la edad.

La discriminación contra los mayores de 50 años fue aplicada por la propia legislatura cuando aprobó la Ley del Issste; en la fracción cuarta refiere que priva del derecho de afiliación a quienes al ingresar por primera vez al servicio hayan cumplido 50 años.

En promedio cien trabajadores son rechazados anualmente desde que se creó el instituto, en 1993; la tendencia va a la alza, pues en 2011 la cifra alcanzó a 281 personas, precisa Guillermo Noriega.

Ni obesos, ni hipertensos...

Añade que 70 por ciento de las solicitudes tiene el supuesto de mayor de 50 años, y 30 por ciento fue rechazado por padecimientos prexistentes como obesidad mórbida, hipertensión, hernias, adicciones, tumores malignos, enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, enfermedades del hígado, insuficiencia renal o cardiaca, sida, y vih positivo, entre otras.

Además, los profesores sufren una segunda discriminación. La Secretaría de Educación expidió un reglamento que obliga a las autoridades educativas a retirar las plazas a los mentores que padecen alguna enfermedad.

La fracción quinta del artículo 10 del Reglamento de Incorporación a la Secretaria de Educación y Cultura del estado manifiesta que para ser su trabajador se requiere sujetarse al examen médico de admisión establecido por la secretaría y practicado por la institución autorizada por el sector salud.

Profesores, otras víctimas

Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió las recomendaciones 30, 31 y 32 este 2012, correspondientes a tres profesores que se quejaron por discriminación en el instituto.

La comisión dijo que dichas prácticas no sólo violan los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino van en contra de los acuerdos contemplados en los tratados y pactos internacionales que nuestro país está comprometido a cumplir.

Pero, a pesar de las recomendaciones y la decisión del juzgado tercero de distrito, que dio sentencia en favor de la profesora Janet Gámez, en la cual ordenó al Isssteleón afiliarla sin importar su diagnóstico, el instituto presentó un recurso de revisión y el caso será estudiado nuevamente por los magistrados.