En los próximos días el Instituto Federal Electoral (IFE) lanzará la licitación internacional para la elaboración de la nueva credencial de elector. Aunque aún no se ha decidido cómo aparecerá el domicilio del ciudadano, no habrá afectación al proceso, pues el organismo podría realizar modificaciones que no impactarían el contrato.

El consejero electoral Lorenzo Córdova destacó que, de acuerdo con las proyecciones, se estima que será una licitación en la que estarían en juego entre 800 y 900 millones de pesos, los cuales serán ejercidos en los próximos cinco años. Se considera que la producción de las credenciales se iniciará en agosto próximo.

De forma paralela, el Registro Federal de Electores (RFE) y la comisión de consejeros del ramo avanzan en la elaboración de un estudio y una encuesta en torno a las modificaciones a la credencial de elector, en particular el encriptamiento del domicilio de la persona registrada. Córdova expresó que se trata no sólo de conocer la opinión de los ciudadanos, sino también de las 84 dependencias públicas y privadas que tienen vínculos directos con dicha credencial.

Tenemos clara la función electoral y el uso estricto que se da a los listados nominales en los comicios locales, pero no sabemos qué uso adicional se le puede dar. Señaló que entre las instituciones hay bancos, gobiernos estatales e institutos electorales locales.

Necesitamos saber si la credencial para votar se utiliza mayormente como forma de identidad, es decir, cuál es el fin social y los alcances de ésta. Más allá de las suposiciones, no sabemos cuál es su verdadero alcance. Por ello se requiere determinar si para las instituciones públicas o privadas se requiere la inclusión completa del domicilio del elector o si es posible encriptarlo, como se ha planteado.

Córdova aseveró que el IFE se apoyará en especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y de El Colegio de México para elaborar el cuestionario, que lo aplicaría el IFE por conducto de los módulos de atención del RFE. Se pretende que sea representativa a escala nacional para adoptar una decisión sobre el encriptamiento del domicilio, que aparecería como código de barras que podría leerse con la tecnología de los teléfonos celulares, entre otros.

Interrogado respecto de si en la encuesta se preguntaría acerca de la seguridad como factor a tomar en cuenta en la decisión de encriptar el domicilio, Córdova consideró que no sería recomendable, pues introducirlo desde los cuestionarios podría implicar darle un sesgo que modificaría las respuestas del ciudadano.

Sin embargo, subrayó que los resultados de los estudios que se realizarán no son vinculantes para que los consejeros decidan sobre dicho encriptamiento.