En votación dividida (6-5), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló ayer un sistema de financiamiento de candidaturas independientes que genera muchas distorsiones, en el que se eligió la peor de las opciones posibles, al introducir, sin mayores restricciones, un sistema de financiamiento privado para los candidatos ciudadanos que, en suma, va a dar lugar a muchos problemas en cuestión de delincuencia organizada.

A pesar de la gravedad de los cuestionamientos, el ministro José Ramón Cossío –quien votó por validar este punto de la legislación electoral de Zacatecas–, dijo que aun cuando se trataba de un pésimo sistema, no me lleva a una condición de inconstitucionalidad; no encuentro donde está.

El ministro recién elegido Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena reconoció que la legislación impugnada podría tener un problema de de certeza o regulación deficiente, y que si bien los legisladores zacatecanos escogieron un muy mal sistema para regular las candidaturas independientes, tampoco encontró vicios suficientes para invalidar la norma.En el mismo sentido votaron Sergio Valls, Alfredo Gutiérrez, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y el ministro presidente Juan N. Silva Meza.

En la sesión con que el pleno terminó sus actividades jurisdiccionales de 2012 –las reanudará el miércoles 2 de enero–, votaron por la inconstitucionalidad del sistema para financiar las candidaturas ciudadas Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Jorge Pardo, Luis María Aguilar y Gelacio Pérez Dayán.

De entrada, el ministro instructor Fernando Franco cuestionó el vacío legal en torno a las candidaturas independientes y aseveró, a diferencia de la opinión mayoritaria, que los congresos locales no tienen una libre configuración para aprobar leyes relacionadas con el tema, sino que sus normas tenían que compaginarse con los principios constitucionales.

Respecto del financiamiento de las candidaturas ciudadanas, Franco propuso anular todo el sistema previsto en la legislación de Zacatecas. Es mejor invalidarlo ahora y que en su momento se tomen en cuenta los razonamientos que determine la Corte para regular debidamente las candidaturas independientes, dijo.

Arturo Zaldívar precisó que es inconstituconal que la ley referida establezca un rembolso hasta de 50 por ciento del monto fijado para tope de campaña si el candidato ciudadano resulta ganador, lo que hace nugatorio el derecho del ciudadano a las candidaturas independientes y trastoca el sistema de financiamento público como decisión política fundamental del Estado mexicano.

Luis María Aguilar señaló que en la legislación impugnada no se fijan medidas adecuadas para garantizar que el dinero que utilicen los candidatos tenga un origen lícito que sea efectivamente comprobable. Subrayó que en la contienda entre partidos y ciudadanos los recursos que reciban ambos deben estar sujetos al escrutinio de la autoridad electoral.