El ex subsecretario de Seguridad Pública capitalino Gabriel Regino calificó de preocupantes las declaraciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, de que las aprehensiones realizadas el 1º de diciembre son legales, pues fueron hechas en flagrancia, y la liberación de 56 personas fue con las reservas de la ley, por lo que aún se les podría fincar algún delito. Pareciera, dijo, que es el vocero del gobierno de la ciudad, cuando representa a un poder autónomo.

En entrevista, el abogado de Judith Gómez Contreras y Luis Francisco Sánchez Escalante, quienes fueron detenidos ese día de manera arbitraria, consideró que el presidente del TSJDF invade una esfera que no le corresponde. El magistrado es el titular del TSJDF y no de una oficina de amedrentamiento público, señaló.

Indicó que sus clientes están en espera de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal concluya su investigación sobre lo ocurrido ese día para definir las acciones legales que emprenderán por las detenciones arbitrarias de que fueron víctimas, pues, subrayó, no fueron detenidos en flagrancia, no hay imputación directa en su contra. Además, su aprehensión ocurrió en lugares diferentes a los que se indican en la puesta a disposición.