La juez en materia civil Josefina González, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tramitó ayer una demanda de amparo con la que busca obtener una suspensión para evitar comparecer personalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR), donde se inició una averiguación previa en su contra por delitos contra la administración de la justicia, revelaron fuentes judiciales.

La juzgadora pretende obtener el amparo para poder comparecer por escrito en la indagatoria que enfrenta en la PGR.

El departamento jurídico de la Bolsa Mexicana de Valores interpuso una denuncia penal contra González, por considerar que concedió ventajas indebidas al Grupo Elektra, dentro de un litigio civil que se desahoga en el juzgado que encabeza la juez. En respuesta a esa denuncia, la PGR inició la averiguación PGR/DF/ SPE/-XVIII/6551/12-11.

La cita de la juez es para el viernes 14 de diciembre a las 11 horas. Lo más probable es que en las próximas horas un juzgado de amparo conceda una suspensión a la juez para que la PGR suspenda ese citatorio y le permita comparecer por escrito, en virtud de que se trata de una alta funcionaria pública.

De acuerdo con las fuentes judiciales consultadas, el origen de la averiguación se remonta al 11 de abril de este año, cuando la BMV emitió la nota 2012, con la que ajustó la metodología sobre el porcentaje mínimo de acciones flotantes de las sociedades bursátiles para ser parte del IPC.

En esa metodología quedó definido que el peso de las acciones en el mercado se calcularía en función de la cantidad real de títulos en poder del público, sin contar los dados en garantía a instituciones financieras, como los tenía Elektra.

Fue a partir de esa directriz que, entre abril y julio, los precios de las acciones de Grupo Elektra cayeron 47 por ciento y su valor en el mercado descendió de 18 mil 500 a 9 mil 800 millones de dólares.

Elektra reaccionó con una demanda por daños y perjuicios contra el presidente de la bolsa, Luis Téllez, y la propia BMV ante la juez González, a quien pidió suspender la nota 2012, que define la nueva regulación. Sin embargo, la juez suspendió la aplicación de la metodología y Elektra continuó en el índice.