El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) avaló la inexistencia de información que declaró la Presidencia de la República respecto de las actividades, reuniones, salidas e ingresos, así como llamadas telefónicas que realizó Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de Felipe Calderón, del 4 al 8 de febrero de 2011.

En esos días, la vocera de Los Pinos se comunicó con Joaquín Vargas, presidente del consejo de administración de MVS, para exigirle que la periodista Carmen Aristegui ofreciera una disculpa en su noticiario radiofónico sobre la mención del presunto alcoholismo del entonces presidente. El suceso se dio cuando se resolvía la renovación de la concesión a MVS de la banda ancha de 2.5 gigahercios.

Según narró públicamente el propio Vargas, el 4 de febrero habría recibido la llamada telefónica de Sota, en la cual también le pidió que se presentara el día siguiente en sus oficinas de Los Pinos. En la reunión del 5 de febrero de 2011, en la Presidencia de la República, Sota le entregó a Vargas el texto que Aristegui debía leer para disculparse por su comentario.

Vargas declaró públicamente que el texto que le entregó Sota remataba con dos líneas que a la letra decían: El Presidente es una persona saludable, practica deporte, en particular ciclismo, natación o corre entre tres y cinco kilómetros diariamente. Además, Sota le instruyó: Tú haz lo que te toca hacer y yo me ocupo de lo que corresponde, en alusión a la disculpa pública y a la renovación de la concesión de la banda.

En el recurso RDA 3450/12, el comisionado ponente Gerardo Laveaga ratifica la inexistencia de la agenda de Sota y de cualquier otro documento o información sobre las actividades, encuentros, telefonemas y todas las actividades laborales que la vocera presidencial realizó en esos días.

Laveaga fue el último de los comisionados propuestos por Calderón en el Ifai para los próximos siete años, pese a que su designación fue rechazada por decenas de asociaciones civiles que advirtieron de la cercanía de aquél con el ex presidente. Además, destacaron que Laveaga se opuso a las reformas al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales para transparentar las averiguaciones previas efectuadas por instancias de procuración de justicia.

En la resolución –que da por concluida cualquier gestión al respecto, a menos que el ciudadano que la pidió acuda a tribunales–, Laveaga asienta que la Dirección General de Recursos Humanos (de la Presidencia) señaló que en la normatividad vigente para los funcionarios públicos de la Federación, no existe señalamiento alguno que obligue a los servidores públicos a llevar un registro de las actividades y reuniones que sostengan en el cumplimiento de sus funciones.

Según Laveaga, la Presidencia buscó la información en todas las unidades vinculadas al tema: la Coordinación de Comunicación Social, las direcciones generales de coordinación y logística, de medios internacionales y nacionales, de monitoreo, del sistema de Internet, de la secretaría particular, entre otras, y no se encontró. Por ello, ratificó la inexistencia que declaró la Presidencia.