Puebla, Pue., 13 de diciembre. El Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado exige que la Presidencia de la República y la procuraduría federal, además de las secretarías de la Función Pública y de Educación, cada cual en su ámbito de competencia, deslinde y finque responsabilidades a los funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por permitir que las obras a cargo de los gobiernos estatal y municipal de Puebla hayan dañado de manera irremediable el patrimonio edificado de la capital del estado.

Un grupo de académicos, ciudadanos y autoridades del ayuntamiento de Puebla develaron en el zócalo de la capital estatal una placa conmemorativa por el 25 aniversario de la declaratoria del Centro Histórico de esta ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad, categoría concedida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

En ese contexto, el Consejo Ciudadano del Centro Histórico y Patrimonio Edificado dio a conocer una carta en la cual manifiesta que el gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas, es el principal responsable de los daños causados al patrimonio histórico de la ciudad, por las obras de infraestructura que realiza sin acatar las leyes de protección.

Desde el inicio de las presentes administraciones estatal y municipal se han emprendido obras y acciones en el ámbito del denominado Centro Histórico de la ciudad de Puebla, entre las que destacan las realizadas en el área del Centro Cívico Cultural Cinco de Mayo, en particular las efectuadas en los baluartes conocidos como fuertes de Loreto y Guadalupe y su área de protección; también la vialidad denominada Viaducto Zaragoza y más recientemente la construcción de un teleférico, cuyo inicio se encuentra localizado en el área del Centro Cívico y desemboca en el predio en el que se encontraba un inmueble catalogado por el INAH, con estructuras edificadas de los siglos XVII-XVIII, ubicado en la 8 norte 414 y que han sido demolidas en su totalidad, con el propósito de construir una estación de transferencia en el mencionado lugar, expresa el consejo ciudadano en la misiva.

Todas las obras, agrega, se realizan “sin haberse integrado los expedientes técnicos necesarios y sin haberse solicitando en tiempo y forma las licencias para el desarrollo de los trabajos requeridos en cada caso, incumpliendo con la normatividad derivada de la situación jurídica que le confieren al sitio el decreto del Ejecutivo Federal en el que se establece una Zona de Monumentos en la Ciudad de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 1977; asimismo, con el decreto del Ejecutivo del Estado del 31 de enero de 2005 en el que se concede al mismo sitio la denominación de Zona Típica y de Bellezas Naturales”.

Preocupación por lista de riesgo

Desde hace algunos meses, varias organizaciones han expresado preocupación porque las afectaciones causadas al patrimonio arquitectónico por los gobiernos estatal y municipal de Puebla, deriven en que el Centro Histórico de la capital sea colocado en la lista de riesgo de las áreas declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Entre esas asociaciones destacan la representación en México del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial, la vicepresidencia nacional y el Comité Puebla del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) México; el Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla; la Fundación Manuel Tossaint AC y el Sindicato de Trabajadores Académicos del INAH, Delegación D-II-Ia1, así como arquitectos y restauradores de las delegaciones D-II-IA-2 y D-III-4.

Por su parte, el gobierno del estado de Puebla ha respondido que sus obras no han afectado ningún inmueble catalogado como patrimonio histórico y ha intentado descalificar las críticas de los académicos y especialistas con el argumento de que se trata de expresiones críticas de pocas personas.