o se ha dicho la última palabra en San Dionisio del Mar, Oaxaca, donde los comuneros reclaman la suspensión plena de un parque eólico en su territorio. Los ikoots ganaron una batalla al otorgárseles un amparo, pero, advierten, la lucha continúa, pues continúa el hostigamiento y los empresarios no se dan por enterados de la suspensión.

La resistencia, como a todo lo largo y ancho del país, se ha criminalizado en el Istmo, pero ni el gobierno ni los empresarios han con- seguido frenar la voluntad de los ikoots, quienes reclaman que a partir de 2007, año en que se anunció la entrada de empresas trasnacionales de energía eólica en su territorio, se inició un hostigamiento, una represión policiaca contra el pueblo, tanto de las empresas como de los gobiernos estatal y federal, coludidos con los presidentes municipales de toda la región.

Sin consultar a los pueblos indios, como suelen tejerse estos proyectos, el parque eólico de San Dionisio del Mar es presentado como un proyecto de progreso y desarrollo para la región, además de ecológico. Nada más lejano, pues el parque, además de despojar de su territorio y de todos sus recursos a los ikoots, tendrá un impacto ambiental devastador, pues su territorio colinda con sus vecinos binnizá en el paraje denominado Punta de Agua, en el extremo oeste del ecosistema lagunario, donde empieza la Barra Tileme.

Las autorizaciones otorgadas para la implementación del proyecto, señalan los afectados desde San Dionisio, los privan de sus derechos agrarios colectivos sobre la propiedad, posesión, uso y disfrute de las tierras de uso común ubicadas en la Barra Santa Teresa.

La actual lucha de los ikoots logró que un juez de Salina Cruz decretara la suspensión del proyecto; sin embargo, los afectados advierten con desconfianza que Edith Ávila, gerente general de Mareña renovables, declaró a la prensa que no le habían informado la decisión del juez séptimo del distrito, cosa que debió haber ocurrido durante las 24 horas siguientes de haberles sido otorgado el amparo: exigimos a todas las autoridades competentes, incluyendo al gobernador del estado de Oaxaca, que cumplan con lo dictaminado, para evitar que aumente el conflicto en nuestra región, advierten los comuneros.

Y no sólo no se cumplido la disposición jurídica, sino que, acusan, a partir del amparo se ha recrudecido el linchamiento mediático contra su lucha y contra los pueblos del Istmo de Tehuantepec, con el fin de desprestigiar la resistencia.

La defensa de su territorio ha costado a los ikoots por lo menos 14 eventos de violencia, intimidación y hostigamiento en los pasados cuatro meses.

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