dela Santos Ángeles, dirigente de la Canacintra en Oaxaca, golpeó su escritorio con el puño cerrado y espetó: ¡basta de falsos líderes! Enseguida exigió al gobierno aplicar todo el rigor de la ley a quienes se oponen a que las empresas eólicas sigan invadiendo el territorio de los pueblos ikojts y binnizá del istmo de Tehuantepec porque –según ella– estorban el desarrollo de la entidad. El enojo de la dirigente del sector privado era porque el día 6 de este mes el juez séptimo de distrito en el estado, otorgó una suspensión provisional a los habitantes del municipio de San Dionisio del Mar para el efecto de que las autoridades responsables no priven total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso, respecto de los terrenos ubicados en la Barra Santa Teresa, es decir, que la empresa Mareña Renovables suspendiera los trabajos para la instalación del parque eólico, hasta que el Poder Judicial de la Federación resuelva si se violan o no las garantías de los pueblos que se quejan de ello.

Más mesurado pero en el mismo sentido, Gabino Cué Monteagudo, el gobernador del estado de Oaxaca, afirmó que el otorgamiento de la suspensión provisional a los habitantes de San Dionisio del Mar –que solicitaron el amparo de la justicia federal para proteger sus derechos como núcleo agrario y como pueblo indígena– representa una mala señal para la inversión privada en el estado de Oaxaca, ya que constituye una de las principales palancas de su gobierno para alcanzar la paz y el progreso del pueblo oaxaqueño, privándolo de ser uno de los estados más generadores de energía limpia en América Latina. El mandatario aprovechó para hacer votos porque este juicio no siente precedente porque la instalación de parques eólicos está beneficiando a los propietarios de la tierra, con el pago de la renta y la generación de energía eléctrica.

Las reacciones de la representante del sector privado y del gobernador resultan exageradas, por decir lo menos. La suspensión otorgada por el juez, siendo provisional, no juzga sobre la pretensión de los quejosos, sólo busca mantener las cosas en el estado en que se encuentran hasta que el juicio se resuelva en definitiva. Solicitar el amparo de la justicia federal cuando se piensa que una garantía constitucional está siendo violada por la autoridad, no convierte a quien lo hace en falso redentor, menos si al final se demuestra que tenía razón. No se puede olvidar que existe un orden jurídico al que las autoridades deben sujetar sus actos, que las empresas privadas no pueden estar por encima o por fuera de lo que las leyes disponen, ni argumentando que aportan inversiones para el desarrollo, y este tampoco puede fincarse en la conculcación de derechos reconocidos a los gobernados. Finalmente, tampoco se puede echar de menos que el gobernador protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, por lo que no debería lamentarse de que los ciudadanos pidan que estas se respeten.

Pero ese no es el problema, sino la pretensión de las empresas de contar con la protección de las autoridades para enriquecerse a costa de despojar a los pueblos de sus recursos naturales, dejándolos sin posibilidades de acceder a un mínimo de bienestar que les permita vivir dignamente. Eso es lo que puede verse atrás de la declaración del gobernador de que los campesinos se benefician con la renta de su tierra, pues es una verdad conocida que las empresas les pagarán ¡100 pesos! anuales por hectárea, durante los treinta años de vida útil de los proyectos. Las empresas vienen por todo y no quieren que nada ni nadie se oponga en su camino, por eso se molestan cuando los afectados recurren a las leyes para defender sus derechos. Estamos ante lo que el jurista italiano Luigi Ferrajoli denomina poderes salvajes aludiendo a la libertad salvaje y sin ley de la que hablaba Enmanuel Kant refiriéndose al poder del más fuerte, que no reconoce ni los límites que la ley impone, con tal de conseguir sus objetivos.

Las posturas de la representante del sector privado y del gobernador ante quienes se oponen a la instalación de las empresas eólicas deberían modificarse, pues resultan peligrosas para todos. Arropados en ellas, otros grupos regionales han iniciado campañas de linchamiento mediático contra los líderes más visibles de la oposición a las empresas eólicas, a las cuales se han sumado agresiones físicas y amenazas de muerte. Eso es lo que atenta contra la paz y el progreso del estado y no que los afectados defiendan sus derechos. El gobierno y el sector privado deberían darse cuenta de que los pueblos no están contra el desarrollo, como fácilmente se afirma, sino de que en nombre de él se les despoje de su patrimonio. Si no se rectifica a tiempo el ambiente social y político puede seguirse descomponiendo, dejando a los inconformes sin salida y entonces será tarde para actuar. Ojalá y no sea eso lo que el sector económico del estado y el gobierno busquen.