onservar o cerrar las instalaciones militares que tiene en el espacio de la antigua Unión Soviética –a falta de una ideología común que pudiera explicar la existencia de aliados dispuestos a ceder soberanía a cambio del bien de todos– se ha convertido para Rusia en simple cuestión de dinero.

La presencia militar rusa en Asia central, por ejemplo, cuesta mucho, y el Kremlin, cuando quiere mantener tal o cual base, siempre termina pagando, aunque a veces se acuerda maquillar las millonarias sumas con promesas de respaldar a los líderes autoritarios de las repúblicas ex soviéticas ante eventuales revueltas de su población o ataques de países vecinos, ofrecimientos que a la hora de la verdad nada valen, a menos que se llegue a afectar la seguridad nacional de Rusia.

Esto es más o menos lo que pasó en la dilatada negociación para prolongar el permiso de las bases militares de Rusia en Tayikistán. Luego de un largo estira y afloja sobre el precio del arrendamiento, tras la visita del presidente Vladimir Putin en ocasión del 60 aniversario del natalicio de su colega Emomalí Rajmon, se anunció que Rusia se queda otros 30 años y sin pagar nada.

Merecería una ovación, pero se quitan las ganas de aplaudir al saber que la letra pequeña de ese espectacular pacto establece que Rusia regalará al ejército tayiko armamento por un valor de 200 millones dólares y después, cada año, liberará de aranceles por otros 200 millones de dólares las compras de hidrocarburos que haga Tayikistán, suma equivalente a la renta que quería cobrar y que ahora perdona.

Además Moscú se compromete –y aquí entran en juego las promesas encubiertas de proteger al cacique tayiko Rajmon, de cumplimiento no obligatorio– a invertir mil 500 millones de dólares en desarrollar la energía hidroeléctrica de Tayikistán.

Poner en práctica ese proyecto, al margen del dictamen de los expertos de la Organización de Naciones Unidas sobre el daño al medio ambiente que podría causar, equivaldría a declarar la guerra a Uzbekistán, que lo califica de catástrofe para su agricultura y, por tanto, busca la protección de Estados Unidos.

Y como colofón, el Kremlin ofrece hacer más flexibles las condiciones para los trabajadores tayikos que vienen a Rusia –cuyas remesas equivalen a casi la mitad del PIB de Tayikistán–, otorgando permisos laborales de tres años y ampliando a 15 días el plazo para darse de alta ante las autoridades migratorias rusas.

Consciente de que no tiene otra opción para mantener su presencia militar en Tayikistán –en una región, la estratégica Asia central, cada vez más atraída por las ofertas de cooperación formuladas por Estados Unidos y China–, Rusia apuesta por proclamar una frágil alianza con el impopular régimen de Rajmon, a la vez que complica las ya de por sí tensas relaciones con Uzbekistán.