Las deportaciones de mexicanos, bajo el mecanismo de clasificarlos como criminales y luego expulsarlos de Estados Unidos, continúa en ascenso, en el marco de una política que provoca una verdadera crisis humanitaria por el desmembramiento de familias, alertaron expertos en migración.

Estadísticas del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, emitidas en septiembre pasado, precisan que en 2011 fueron deportados 392 mil extranjeros, la mayoría de nacionalidad mexicana.

La mayoría de las salidas fueron expeditas. No se trata sólo de migrantes captados por la Policía Fronteriza sino de aquellos que ya tenían vínculos laborales y familiares en el vecino país.

La estrategia reforzada en la administración de Barack Obama –en cuatro años– representa la expulsión de aquellos que cometieron una falta administrativa (por ejemplo, conducir sin licencia o en estado de ebriedad) y no sólo son detenidos para hacer frente a esta falla sino que son deportados fast track, aun cuando en Estados Unidos tengan empleo o estén a cargo de hijos menores u otros familiares.

En el texto Inmigration enforcement actions: 2011, diversas autoridades reportan la deportación de extranjeros porque su documentación resultó insuficiente y ofrece detalles de los que fueron aprehendidos, arrestados, detenidos y deportados.

Según el CBP (Customs and Border Protection) 212 mil extranjeros no cumplieron con los requisitos para la estancia legal en Estados Unidos; el DHS (Department of Homeland Security) hizo 642 mil aprehensiones de extranjeros, de los cuales 76 por ciento eran nacidos en México.

El ICE (Inmigration and Customs Enforcement), en tanto, detuvo a unos 429 extranjeros, lo que significa un récord.

Como se indicó, el Homeland Security reporta la captura y deportación de 392 mil extranjeros, la mayoría de México, seguido por guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. De este bloque, el ICE afirma que 188 mil tenían antecedentes criminales en Estados Unidos.

Consultado al respecto, René Zenteno, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, advirtió acerca de la continuidad de esa política agresiva de Estados Unidos.

Ya es una tendencia la repatriación de mexicanos que vivían en Estados Unidos, por ello es inocultable que existe una crisis humanitaria por la separación de familias, señaló.

Esta problemática, dijo, debe ser atendida por los gobiernos de ambas naciones de manera inmediata, como prioridad en la relación bilateral.

Zenteno, quien en el sexenio pasado atendió el caso como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, indicó que las cifras de Estados Unidos refieren niveles sin precedentes de mexicanos expulsados que no fueron detenidos cruzando la frontera, sino que fueron extraídos de sus trabajos y casas.

La criminalización de migrantes sigue y ello se evidencia por el enorme número de mexicanos (casi 300 mil en 2011) que son encarcelados por motivos de proceso de deportación. Es decir, los detienen por violaciones menores que no significan ninguna amenaza para la seguridad interna de Estados Unidos, como puede ser el manejo sin licencia, comentó en entrevista.

Señaló que hasta ahora no existe un comunicado oficial que haga prever un viraje en la política migratoria de Washington. De hecho, en el escueto reporte público de la visita de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, en la semana que concluye, no se hizo alusión a esta problemática o de un planteamiento preciso al respecto por la administración de Obama o del gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto.

En tanto, la organización Sin Fronteras, alertó que pese al flujo de migrantes y la importancia que tienen en la economía nacional, el Presupuesto de Egresos de la Federación no prevé recursos adicionales a los autorizados para el año en curso, para el desarrollo que permita su reinserción o evite la expulsión de mexicanos.