En el final del gobierno del ex presidente Felipe Calderón su administración hizo un último intento por dar un impulso a su proyecto de cédula de identidad y buscó que, conjuntamente con el Instituto Federal Electoral (IFE), se emitiera un documento de respaldo que permitiera dar continuidad a sus esfuerzos que, por la polémica desatada, se limitaron solamente a los menores de 18 años.

Aunque hubo reuniones y acercamientos para elaborar un documento de consenso –promovidas por el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré– y si bien se lograron algunos avances, finalmente no se lograron acuerdos y nunca se difundió el texto. Fue la última tentativa del gobierno panista por impulsar la cédula de identidad.

Sin el aval del IFE, la administración pasada entregó al equipo de transición detalles de los contratos que firmó con cada uno de los proveedores: 260.4 millones, más IVA, con Smartmatic Internacional Holding BV, que suministró 2 mil equipos especializados para la obtención de información biométrica; 98.9 millones de pesos para Crypto AG (equipo de encriptación de datos); 664.5 millones con Axtel/Unisys de México para prestación de servicio nacional de identificación personal; Mil millones de pesos con Talleres Gráficos de México para la elaboración de las cédulas; 11.2 millones y máximo 26.8 millones con Iusacell para servicios de conexión inalámbrica para los módulos de registro.

El proyecto original estaba incluido desde el programa sectorial de Gobernación 2007-2012, publicado el 28 de julio de 2008, en el que se divulgó como propósito la expedición de 80 millones de cédulas, tomando en cuenta que es el número de personas que poseen acta de nacimiento. Se buscaba –decían– poner fin a 20 años de inacción gubernamental en la materia.

Cuando se decidió impulsar su puesta en marcha –a través del Registro Nacional de Población, originalmente se previó iniciar con los adultos y continuar, en una segunda etapa, con los menores. La reticencia del IFE y los partidos motivó invertir los tiempos y provocó que no se expidiera ninguna cédula para mayores de 18 años. Se señaló también en ese momento aprovechar los procesos de captación de información y credencialización que realizaban las dependencias de la administración pública federal.

En 2008, Gobernación consideró que se requerían mil 716 millones de pesos para contar con los medios para integrar el Registro Nacional de Población y expedir la cédula de identidad. Sin embargo, sólo se autorizaron recursos por 158.9 millones.