La reforma a las leyes para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, bancaria y de valores y de instituciones de crédito destruye los esfuerzos de las organizaciones sociales para frenar cajas fraudulentas y deja sin resolver los problemas de las pequeñas instituciones –la mayoría rurales– que han pugnado por una legislación que realmente proteja el ahorro de las familias pobres. Es un acto equívoco, dijo Isabel Cruz Hernández, directora de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (Amucss).

Dichos cambios, aprobados por los senadores el pasado día 11, se llevaron a cabo sin consultar a las organizaciones cooperativas representativas; fue un acto sorpresivo. La prórroga hasta el 2014 para que las agrupaciones obtengan el permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) garantiza que operen con impunidad, pues no se han registrado ni lo van a hacer con una ampliación de plazo.

Con más de 20 años de experiencia en la construcción de un sistema financiero rural con identidad social y servicios de calidad adaptados a las necesidades de los pobres del campo, Cruz Hernández expuso que de las 600 sociedades registradas en el fideicomiso Fondo de Protección y Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop) sólo 68 estaban en peligro de no lograr su autorización por no tener los estándares de calidad en el servicio que demanda la CNBV.

Especificó que casi 6 millones de personas participan en las 600 cooperativas y que, según información del Focoop, tienen un activo total de poco más de 87 mil 320.7 millones de pesos.

Asentó que aunque se carece de un registro detallado de las sociedades cooperativas que defraudan a los ahorradores, se tiene conocimiento de que las agrupaciones que operan sin control se localizan en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otros estados del sureste.

Como ejemplo mencionó que en Oaxaca se han identificado 20 sociedades que engañan a la gente y que tres de las cooperativas más grandes en la entidad –Sofic, Sinvacrem y Universal– están en quiebra técnica y se han negado a operar bajo el marco regulatorio. Estos son algunos de los casos en los que no se podrá actuar contra ellas, porque se abrió una puerta para que continúen funcionando sin control hasta mediados de 2014.

Insistió en que la prórroga aprobada por el Senado pone en riesgo a las cooperativas que se han ajustado y realizado esfuerzos para cumplir con los requisitos legales y desalienta los procesos de ordenamiento y saneamiento del sector.

Puntualizó que durante 11 años –de 2001 a 2012– se sentaron las bases para garantizar a millones de usuarios que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuentan con los mecanismos para brindar seguridad a sus ahorros y para que esas agrupaciones se registraran. Entre 2001 y 2009 se llevaron a cabo ocho reformas para extender los plazos y cambiar los requisitos previstos para registrarse y solicitar autorización para sus operaciones, y se hizo algo similar entre 2009 y 2012.

La directora de Amucss pidió una reunión urgente a la Comisión de Hacienda y a la de Fomento Cooperativo del Senado y la Cámara de Diputados para que escuchen las opiniones de las organizaciones del sector.