San Cristóbal de las Casas, Chis., 16 de diciembre. Las organizaciones civiles que conforman la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género sostienen en un amplio informe haber sido testigos de las graves violaciones a los derechos humanos fundamentales de los migrantes, que ocurren hoy como una práctica sistemática.

La Mesa constató “que el discurso oficial durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero parece mostrar una realidad distinta, de respeto a los derechos de estas personas en la construcción de la llamada ‘frontera amiga’, cuando el día a día de los migrantes en sus caminos y realidades en Chiapas evidencia una cara de violencia sistemática, muestra del limitado alcance en el cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia”.

En tanto, crecen como espuma en la prensa estatal los cuestionamientos al gobierno chiapaneco, cuya gestión terminó una semana atrás, en contraste dramático con lo que fueron el discurso y la publicidad del sabinismo, donde la adulación y el autoelogio predominaron en términos casi absolutos. No obstante, decenas de organismos civiles independientes, así como las juntas de buen gobierno zapatistas, los colectivos y comunidades de la Otra Campaña y organizaciones sociales se pasaron los seis años documentando abusos e ilícitos oficiales, obteniendo como respuesta el silencio, la represión o, en el mejor de los casos, el desmentido público.

Pillaje en dependencias

En su editorial de este domingo, Cuarto Poder, el principal diario de Tuxtla Gutiérrez, sostiene que desde diciembre de 2006 hubo un pillaje indiscriminado en las diferente dependencias gubernamentales, y califica a los nuevos ricos del gobierno saliente de nefastos y abominables.

En materia migratoria, el anterior gobierno recibió reconocimientos de todo tipo, se autopremió y llevó a cabo una política internacional de elogio mutuo con los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras, que representaba un mundo feliz, desmentido en la experiencia cotidiana de los viajantes y los grupos civiles que se dedican a protegerlos.

El informe admite que para mostrar las realidades de lo que verdaderamente se vive nos enfrentamos con el gran obstáculo de la falta de registro, no sólo de los propios flujos migratorios, sino sobre todo de las violaciones a los derechos humanos; un porcentaje muy bajo se denuncia, como fruto del temor infundido por los perpetradores y la frustración generada por experiencias previas de un sistema de acceso a la justicia de poca o nula eficacia.

El informe no es un recuento exhaustivo, sólo una muestra sintética de algunas de las ausencias, irregularidades y casos de violaciones a las garantías sistematizados, documentados y publicados por organizaciones civiles nacionales e internacionales y en los medios. Se centra en cuatro temas reveladores de la gestión en la materia del gobierno saliente”: migrantes en tránsito por Chiapas; mujeres migrantes en una región fronteriza invisibilizada; migrantes no localizados en el estado, y la pobre actuación de la comisión específica del Consejo Estatal de Derechos Humanos.

El documento expone algunos casos, que ilustran la contradicción fundamental entre el discurso y los hechos. A lo largo del sexenio anterior, diversas organizaciones civiles, casas del migrante, albergues, centros y comisiones de derechos humanos, así como agencias de información han divulgado situaciones de grave violencia contra centroamericanos en su tránsito por territorio chiapaneco.

A manera de muestra, el informe presenta más de mil casos que documentan las principales violaciones a sus derechos que sufren los migrantes en Chiapas, por acción u omisión de las autoridades: secuestro, abuso y violaciones sexuales, uso de fuerza, abuso de autoridad, trata de personas, extorsión, agresiones e irregularidades jurídicas.