ostigada, despojada y ninguneada a lo largo de cuatro sexenios al hilo, pero con especial agresividad durante la docena trágica blanquiazul, la banca del Estado mexicano parece recibir un tanque de oxígeno con la llegada de la nueva administración, luego de que a duras penas soportó la feroz arremetida del propio gobierno federal, es decir, del mismo que legalmente es responsable de fortalecerla y promoverla para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo nacional.

Del sexenio de la solidaridad hasta aquel que a los mexicanos prometió vivir mejor (pero con especial sadismo por parte de Fox y Calderón en Los Pinos), la llamada banca de desarrollo (siete instituciones financieras propiedad de la nación) vivió los peores momentos de su existencia y el mayor de los ataques, pues desde Los Pinos fue despojada y se le ordenó ponerse al servicio del capital financiero y salvaguardar –mediante rescates y salvamentos– los intereses del gran empresariado mexicano. Cuatro gobiernos consecutivos transformaron la banca de desarrollo en simple agente del gran capital y en resumidero de negocios igual de privados que de fallidos, a costillas del erario.

Ahora, con la nueva administración y como por arte de magia, la misma dependencia –la Secretaría de Hacienda– que operó tal transformación y que fue especialmente feroz en contra del citado grupo de instituciones públicas le lanza un enorme tanque de oxígeno: La banca de desarrollo es una herramienta de política económica fundamental para promover el desarrollo nacional, resolver los problemas de acceso a los servicios financieros y mejorar las condiciones para aquellos sectores prioritarios para el desarrollo nacional; tales como la micro, pequeña y mediana empresas (Mipymes), los productores rurales e infraestructura pública, así como para la innovación y la creación de patentes.

Sobrevivencia garantizada, aunque por el momento sólo sea en el discurso, pero que obligadamente debe convertirse en práctica: La banca de desarrollo inicia una nueva etapa, en la que profundizará sus acciones para la atención de la población en sectores prioritarios, esto es, en sectores de mayor impacto económico y social, que hasta hoy tienen acceso limitado al financiamiento. De esta forma, la nueva administración ratifica su compromiso de consolidar la banca de desarrollo como pilar fundamental en la reactivación del crédito y palanca de actividad productiva en beneficio de los bolsillos de las familias mexicanas, asegura la SHCP.

En éste, como en otros tantos capítulos de la realidad económica del país, el gobierno de Enrique Peña Nieto está obligado a trascender el discurso y poner manos a la obra. Hasta la llegada de los tecnócratas privatizadores, la banca de desarrollo fue impulsora del crecimiento y el desarrollo del país. La industrialización mexicana (hoy en el rincón de los sueños) de los años 50 y 60 no se entendería sin la participación de, por ejemplo, Nacional Financiera, ni el impulso al comercio exterior y la creciente presencia de México en los mercados internacionales sin la experiencia y los recursos del Bancomext.

Siete instituciones financieras dan cuerpo a la banca de desarrollo: Banobras, Financiera Rural, Sociedad Hipotecaria Federal, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior. Este último par se cuenta entre los más golpeados por el capricho gubernamental de reducir a su mínima expresión la presencia de la banca del Estado mexicano.

Vicente Fox y Felipe Calderón (junto con sus operadores Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens y Ernesto Cordero) estuvieron muy cerca de acabar con Nafin y Bancomext, no sólo por su terca decisión de fusionarlas (aunque parezca increíble el Legislativo finalmente lo impidió), sino porque entregaron la dirección de ambas instituciones a una oscura dupla de banqueros privados (proveniente del Bancomer reprivatizado en favor de Eugenio Garza Lagüera, y que finalmente vendieron al BBVA sin pagar un peso de impuestos): Mario Laborín (ahora propietario de flamante banco privado) con Fox, y Héctor Rangel Domene (fallido precandidato del blanquiazul al Senado), con Calderón.

En el caso del Bancomext, por ejemplo, en 2008 y 2009, por instrucciones de Los Pinos, sus famélicas arcas fueron utilizadas para atender las urgencias financieras de las grandes empresas nacionales (Vitro, Cemex, Comercial Mexicana y varias más) y para justificar tal acción el gobierno federal disfrazó la operación de “programa de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Poco más adelante destinó alrededor de mil millones de pesos para abastecer a Gastón Azcárraga en su aventura depredadora en Mexicana de Aviación, la cual, por cierto, sigue en el suelo, junto con sus 8 mil 500 trabajadores.

En tiempos de Salinas y de Zedillo, el Bancomext atendió salvamentos y rescates de buen número de empresas propiedad de amigos del régimen: constructoras como Gutsa, de Juan Diego Gutiérrez Cortina –el de la Estela de Luz–, concesionarios de carreteras, tiendas de autoservicio, telefónicas, líneas aéreas y muchas más, práctica que continuó con Fox y Calderón. Por si fuera poco, a esta institución le redujeron el personal a su mínima expresión, cerraron oficinas fuera del país (dedicadas a promover el comercio exterior mexicano y ofrecer asesoría a las empresas interesadas en participar en los mercados foráneos) y como un intento de puntilla en el calderonato se creó Proméxico, originalmente a cargo del sacrosanto Bruno Ferrari.

Dicha institución sobrevivió gracias a su personal altamente calificado, que trabajó con las uñas para evitar su desaparición. Y lo mejor del caso es que, por ley, el Bancomext es un organismo financiero del Estado mexicano creado en 1937 con la finalidad específica de fomentar el fortalecimiento económico del país e incentivar la participación de productos mexicanos en el mercado internacional, pero fue vilmente utilizado para rescatar a los amigos del inquilino en turno de Los Pinos.

Entonces, bienvenido el tanque de oxígeno, si es de verdad.

Las rebanadas del pastel

Que eso de poner en orden a los barones de la minería va tan en serio, como se asegura en el Pacto por México, que en la Ley de Ingresos 2013 de nueva cuenta el erario recibirá cero pesos y cero centavos por regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras, sector concesionado con bienes de la nación que, en el último trienio, a sus bolsillos ingresó más de 45 mil millones de dólares y al erario no le tocó ni una pulserita de plata. Como se ve, no cabe duda que ahora sí es en serio.

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