Abogados constitucionalistas rechazaron que la disposición aprobada por el Congreso para que el Senado ratifique los nombramientos del comisionado nacional de Seguridad Pública y el secretario ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública viole la Carta Magna.

No procede la acción de inconstitucionalidad por supuesta violación al artículo 89 fracción II de la Carta Magna, porque no se están restringiendo facultades del Ejecutivo federal; simplemente es una acotación que hará el Senado (ratificar los nombramientos) para certificar que los funcionarios designados cumplan con los requisitos de ley, sostuvo en entrevista el constitucionalista Elisur Arteaga Nava, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.

El también abogado constitucionalista Édgar Martín Millán refirió que si bien no es garantía de respeto a los derechos humanos que el Senado ratifique esos cargos, sí es mucho mejor esta vía que dejarle manga ancha al Presidente.

De ninguna manera hay invasión en la esfera de facultades del titular del Ejecutivo federal; la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública deja bien salvada la facultad del presidente Enrique Peña Nieto de nombrar a los responsables de la seguridad pública y la seguridad nacional, y lo único que se añade es la facultad concurrente del Senado de ratificar esos cargos, tal como ocurre en el caso del nombramiento del procurador general de la República, sostuvo.

Manfredo Loera, también experto en derecho constitucional, indicó que por los pataleos del tricolor y sus amenazas de interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) todo parece indicar que la pretensión del gobierno federal es crear una policía política, como existió en los años 70 y 80 del siglo pasado, representada por la Dirección Federal de Seguridad.

Imagínate lo peligroso para la democracia y los derechos humanos en México: la propuesta es regresar al viejo esquema de la policía política, controlada por el secretario de Gobernación, pero con facultades legales para realizar espionaje y reprimir a grupos progresistas opositores al gobierno peñista, expresó.

El coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, aseguró que no están en contra de la ratificación de nombramientos del Presidente por el Senado como fórmula para asegurar el carácter idóneo de las designaciones y mantener el equilibrio entre los poderes de la Unión, pero en este caso importa la constitucionalidad de un artículo de la ley, y eso es lo que habremos de impugnar con el recurso jurídico que esperamos sea resuelto en nuestro favor.

En su comunicado de prensa semanal, Beltones reafirmó el derecho de su partido a promover ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad para refrendar la facultad exclusiva del Ejecutivo de nombrar o remover a los funcionarios del gobierno federal, salvo los incluidos en las excepciones que establece la propia Carta Magna. No podemos avalar una ley que contraviene la Constitución, insistió.