San Cristóbal de las Casas, Chis. 17 de diciembre. Los abundantes estudios y sistematizaciones sobre las condiciones de los migrantes centroamericanos y de otras procedencias en Chiapas coinciden en las situaciones de peligro que estas personas deben enfrentar desde que cruzan la frontera sur. Entre los hechos más alarmantes están los secuestros.

En su informe Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México (2010), Amnistía Internacional (AI) denunciaba el problema. El primer caso en su registro ocurrió en marzo de 2008, y el siguiente en septiembre, ambos en la región conocida como La Arrocera. AI menciona las reiteradas denuncias ante las autoridades sobre irregularidades en esta región, pero los abusos persisten. Todas las fuentes coinciden en que el registro de casos es muy inferior a lo que sucede en general.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2012) reveló que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 se documentaron 9 mil 758 casos de migrantes víctimas de secuestro, de los cuales 55 por ciento se llevaron a cabo en el sur del país. En Chiapas hubo 43 plagios denunciados, de los cuales 15 fueron de migrantes, entre junio de 2009 y junio de 2010.

Señaló que las zonas de alto riesgo en Chiapas son Palenque (Pakal Na y Chacamax), Arriaga, Tapachula, Pijijiapan, Salto de Agua, Pichucalco, Estación Juárez y Playas de Catazajá.

Reporte de la CNDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Secuestros a personas migrantes centroamericanas en tránsito por México (2012) reporta que el municipio de Palenque es uno de los lugares donde más se secuestra a migrantes.

También este año el Observatorio de Derechos Humanos y Migraciones en la Frontera Sur de México inició su página de Internet. Allí apunta que 55 por ciento de los secuestros de migrantes ocurren actualmente en Arriaga. En esa ruta se han identificado centros de entrega de dinero a través de empresas como Western Union, por las cuales los migrantes reciben divisas de sus familiares en el extranjero para pagar su rescate.

AI reportaba por ejemplo que el 23 de enero de 2010 elementos armados que se identificaron como policías federales pararon el tren Arriaga-Ixtepec y bajaron a 100 migrantes, que fueron robados y posteriormente agredido por delincuentes que violaron a las mujeres y asesinaron a varias personas.

No obstante, en días pasados, durante el simposio Los retos de la frontera sur: un fenómeno del siglo XXI, el sacerdote Heyman Vázquez Medina, coordinador pastoral de movilidad humana de la Casa del Migrante de la diócesis de Tapachula, sostuvo que en fechas recientes se ha reducido la cifra de violaciones a los derechos de estas personas en Chiapas. Tenemos registro de que han disminuido 90 por ciento los abusos, pero eso no quiere decir que todo esté bien, pues sigue habiendo robos, extorsiones y violaciones sexuales a mujeres.

El Observatorio señala que los agresores sexuales usan a las mujeres migrantes como body card, o pase para pagar a otros hombres durante su tránsito por México. De acuerdo con AI, seis de cada 10 centroamericanas que atraviesan la frontera sur son violadas en nuestro país. Se sabe que muchas de las migrantes toman anticonceptivos a fin de evitar embarazarse en caso de ser violadas.

Enlace Comunicación y Capacitación, en el informe Sur: inicio de un camino (2009), recogió testimonios de extorsión, secuestro, violación sexual y agresiones físicas. De 88 entrevistas a migrantes, 59 por ciento vivió durante su tránsito por Chiapas extorsión y algún tipo de agresión por parte de autoridades. El mismo documento revela prácticas institucionalizadas de corrupción y colusión de las diversas corporaciones, como el Instituto Nacional de Migración, las policías Estatal Fronteriza, Sectorial y Municipal.

Un testimonio: “Por un camión de indocumentados se cobran unos 250 mil pesos por garita, donde se tienen máquinas contadoras de dinero, como en los bancos. Se cobra directamente al pollero. Se tiene una tabla de cuánto se repartirá, de los agentes hasta los jefes. Se ponen de acuerdo los federales, los estatales y el Ejército; se coordinan para que cuando pase uno que ya pagó le dejen el camino libre. Ya después se reparten el dinero entre todos”.