n abril del presente año estalló el escándalo por las presuntas prácticas corruptoras de Wal-Mart en México, y a partir de allí el gobierno calderonista prometió una investigación –que realizaría la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Marisela Morales– para determinar el alcance de los sobornos y esclarecer quién o quiénes los habrían recibido. Pasaron los meses, y como es costumbre cada que se anuncia una acción de tal naturaleza, nadie investigó nada y, por lo mismo, los responsables gozan de cabal salud. La trasnacional se mantiene impune, al igual que las supuestas autoridades que le habrían facilitado los negocios.

El pasado 21 de abril, The New York Times denunció que la subsidiaria en México de Wal-Mart pagó sobornos hasta por 24 millones de dólares para ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como fuerza motora detrás de los años de soborno, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002. La denuncia fue presentada por Sergio Cícero Zapata, ex abogado de bienes raíces de Wal-Mart, quien indicó que la firma usó los sobornos para facilitar cambios de zonas en los mapas, hicieron desvanecer objeciones ambientalistas, permisos que típicamente toman meses para su proceso, mágicamente se materializaron en días. Cícero denunció que las prácticas de cohecho estimuladas por Castro-Wright eran parte de una estrategia expansiva de negocios, para construir cientos de nuevas tiendas tan rápido, que sus competidores no tuvieran tiempo de reaccionar. El ex ejecutivo dio nombres, fechas y montos de los sobornos, él sabía mucho, explicó que por años fue el abogado a cargo de obtener los permisos de construcción para Wal-Mart de México.

Involucradas en este caso aparecerían autoridades federales, estatales y municipales, pero la Procuraduría General de la República a cargo de Marisela Morales declaró, en primera instancia, que el caso no es de nuestra competencia, para, pocos días después, anunciar que tal dependencia del Ejecutivo ya abrió una averiguación previa sobre el particular, aunque en los hechos más tardó en declararlo en público, que en archivar el caso (carpetazo de impunidad). Cuatro meses más tarde, ya enfriado el asunto, la propia PGR consideró que como la investigación se está dando en Estados Unidos, no hay ninguna demanda para que se investigue aquí, de acuerdo con un vocero de la citada institución.

Nadie supo, nadie sabe, pues tampoco se conoció si otras dos procuradurías (la del estado de México y la del Distrito Federal) actuaron en consecuencia –a lo que estaban obligadas– e investigaron algo sobre el particular, toda vez que en las revelaciones del rotativo estadunidense aparecían involucradas autoridades de los gobiernos mexiquense y de la capital de la República, entonces a cargo de Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. Por cierto, el procurador del DF era Miguel Ángel Mancera, hoy en la jefatura de gobierno. Además, aparecen autoridades delegacionales (Gustavo A. Madero) y municipales (Teotihuacán), pero nada de nada. Así, Wal-Mart de México siguió en lo suyo sin que nadie sancionara ni modificara sus prácticas corruptoras ni alterara su política de expansión de negocios.

Pero, ¡sorpresa! The New York Times no quitó el dedo del renglón (algo que, por lo demás, correspondería a la PGR), y ahora revela (en una información firmada por los periodistas David Barstow y Alexandra Xanic) que “Wal-Mart no fue víctima sino corruptora en sus negocios en México, no sólo para acelerar los permisos para la construcción de tiendas, sino para subvertir el proceso democrático. Una nueva investigación identificó 19 lugares en México que fueron blanco de los sobornos, incluido un Sams junto a la Basílica de Guadalupe y otro supermercado cerca de las pirámides de Teotihuacán. Wal-Mart (…) más bien fue corruptor creativo y agresivo, que dio grandes sumas para obtener lo que la ley prohibía. Sobornó para subvertir la gobernabilidad democrática: votos públicos, debates abiertos, procedimientos transparentes. El diario encontró ocho pagos por 341 mil dólares en sobornos para construir el Sams Club cerca de la Basílica, sin contar con licencia de construcción, permiso ambiental, evaluación de impacto o de tráfico vehicular. Para el mercado en Teotihuacán, Wal-Mart pagó 200 mil dólares, sin los cuales no hubiera podido obtener las licencias”.

Ocho meses han transcurrido desde que The New York Times destapó la práctica corruptora de Wal-Mart en México (y la siempre inmediata disposición de funcionarios mexicanos para recibir ese tipo de incentivos), con el fin de facilitar sus negocios y su expansión en el país. Como se comentó en este espacio, lo que ha venido revelando el rotativo estadunidense no sólo confirma la práctica cotidiana del gobierno mexicano, la corrupción galopante, sino la cómoda ausencia de la autoridad encargada de investigar caso como el que se cita, al tiempo que deja en claro, por si alguien dudará, el tipo de trasnacionales que de este país ha hecho su paraíso.

Y en este contexto, cómo olvidar el caso de la enorme lavandería británica HSBC que opera en México, la cual, a golpe de multitas y de la decidida colaboración de instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se mantiene igual de impune que Wal-Mart y de tantas otras, no obstante los 7 mil millones de dólares blanqueados por el cártel financiero a petición de un grupo de narcotraficantes mexicanos. Cuando menos en Estados Unidos la multa fue de mil 900 millones de billetes verdes (equivalente a 27 por ciento del monto lavado), cuando aquí, en el país afectado y en guerra permanente y decidida contra el crimen organizado, apenas si le cobraron unas moneditas para taparle el ojo al macho (el 0.4 por ciento de tal monto).

Las rebanadas del pastel

Wal-Mart hace negocios por todas partes, no sólo en Teotihuacán y en la Basílica de Guadalupe: de acuerdo con el informe financiero que la propia trasnacional entregó a la Bolsa Mexicana de Valores, al cierre de septiembre pasado mantenía impuestos diferidos (causados, pero no enterados a la Secretaría de Hacienda) por cerca de 6 mil 700 millones de pesos, un monto equivalente a 2.6 veces el presupuesto 2013 para la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, o si se prefiere 1.5 tantos más que el destinado a la Secretaría del Trabajo. Éste es uno de los muchos atractivos ofrecidos por el gobierno federal para que las trasnacionales lleguen como moscas a México para hacer negocios.

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