Integrantes de organizaciones civiles, empresariales y de defensa de los derechos humanos se reunieron ayer en el Senado con miembros de las comisiones de Seguridad Pública y de Justicia, y les demandaron que legislen un código único de procedimientos penales para combatir homicidios, trata de personas, secuestros e ilícitos relacionados con la delincuencia organizada.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Omar Fayad (PRI), tras escuchar las exigencias advirtió: Habrá una reforma en materia de seguridad pública y justicia, pero no podemos abusar de ciertas figuras jurídicas pensando que la situación es de tal alarma que para combatir la criminalidad se construya un sistema que atente contra los derechos humanos, porque después lo lamentaremos.

A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil (PAN), señaló que la reforma al sistema de justicia penal exige un cambio procedimental, por lo menos en la jurisdicción federal, y no la podemos detener porque hay una propuesta del presidente Enrique Peña de modificarla, pero hay que seguir avanzando en un código único de procedimientos penales.

Anunció que el PAN y el PRD tenemos la intención de hacer propia la propuesta de código único que nos entregan, para que se convierta en iniciativa formal y se pueda dictaminar y discutir.

Posteriormente les propuso crear mesas de trabajo. Aconsejó que se constituyan cuatro subcomisiones que estudien las propuestas.

El investigador Samuel González dijo a los senadores: Nos debemos quitar el prejuicio de que el código único viola los derechos humanos. Esta propuesta es compatible con los tratados internacionales y pueden incluirse el arraigo y las escuchas telefónicas.

La activista de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda, dijo que la propuesta tiene como base la realidad social y constitucional mexicana, así como los tratados internacionales para poder llevar a cabo juicios orales transparentes y expeditos.