Amnistía Internacional (AI) demandó al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a tomar medidas concretas e inmediatas para abordar algunos de los temas más urgentes del país en materia de derechos humanos, incluyendo los abusos en el contexto de la crisis de seguridad pública.

El secretario general de esa organización, Salil Shetty, envió ayer una carta pública al mandatario en la que afirmó que las violaciones a garantías fundamentales, como las desapariciones forzadas, la tortura, las detenciones arbitrarias y la falta de acceso a la justicia se exacerbaron con las políticas de la anterior administración y continúan siendo cometidas con la mayor impunidad.

AI sostuvo que el tiempo para México se acaba. Peña Nieto no debe malgastar otros seis años con políticas de derechos humanos fallidas que añadan más víctimas a las dejadas por (Felipe) Calderón.

Agregó que los disturbios violentos del primero de diciembre y la respuesta policial que resultó en denuncias de violaciones de derechos humanos, como la detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, mostraron los retos que los gobiernos federal y estatales enfrentarán para lograr que se concrete el respeto a las garantías fundamentales. Las buenas intenciones y las promesas no son suficientes para prevenir y erradicar las violaciones de derechos humanos.

La misiva destaca varios asuntos prioritarios a atender para reforzar el respeto y protección a esas garantías: seguridad pública, justicia militar, defensores de derechos humanos, migrantes, tortura, desapariciones, violencia contra las mujeres, sistema de justicia, pueblos indígenas y atender las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Durante el pasado proceso electoral, Peña Nieto respondió a una carta que la organización envió a los candidatos presidenciales, en la que realizó una serie de compromisos políticos en caso de ser elegido.

Javier Zúñiga, consejero especial de AI, manifestó: Queremos recordar al nuevo Presidente sus promesas de campaña y ver acciones concretas, incluyendo el desarrollo de un programa nacional en la materia elaborado conjuntamente con todos los actores relevantes de la sociedad, incluyendo el Poder Judicial, las autoridades locales y quienes defienden derechos humanos; un plan que incluya propuestas concretas para abordar la crisis de derechos humanos de México.

La organización global más reconocida en la defensa de garantías fundamentales, manifestó su satisfacción porque el Pacto por México –impulsado por el gobierno federal– prometa defender los derechos humanos como política de Estado y se comprometa a realizar un programa nacional en la materia, basándose en la reciente reforma constitucional, en los tratados internacionales suscritos por México y en las demandas apremiantes de la población.

Acotó que en el pasado se han escuchado compromisos similares que no se han traducido en hechos. Por ello, consideró esencial que el gobierno de Peña Nieto comience a cumplir desde el inicio y defina con claridad las medidas que tomará.