Caracas, 20 de diciembre. La alianza opositora venezolana Mesa de Unidad Democrática (MUD) instó hoy al gobierno a decir la verdad sobre la salud del presidente Hugo Chávez, quien convalece en Cuba de una reciente cirugía por cáncer en el abdomen, para que las leyes venezolanas se apliquen oportunamente en caso de que el relegido gobernante no pueda asumir su nuevo mandato el 10 de enero próximo.

La petición de los opositores se basa en el supuesto de que el gobierno no informa verazmente sobre los problemas de salud de Chávez. Como consecuencia de eso, Venezuela se enfrascó en un debate sobre las posibles soluciones a una crisis política que causaría la ausencia del mandatario en el inicio de un nuevo periodo gubernamental de seis años.

Chávez fue operado sorpresivamente el lunes de la semana pasada, después que él mismo reveló que en Cuba le detectaron un rebrote del cáncer originalmente descubierto en junio de 2011.

Desde la semana pasada, políticos de la oposición afirmaron que la recaída del mandatario podría ser la causa de que no se presente a la toma de posesión el 10 de enero.

El miércoles, dirigentes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela propusieron postergar la ceremonia unos días. Sin embargo, varias voces de la oposición rechazaron hoy la idea.

La manera como el gobierno ha tratado la información sobre la condición de Chávez es insostenible y ante cualquier situación, la verdad y la Constitución son la clave, afirmó el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo.

Dos artículos de la Constitución, el 231 y el 233, son ahora objeto de infinidad de interpretaciones. El primero fija el 10 de enero la toma de posesión y el segundo las condiciones en que deben celebrarse nuevas elecciones en caso de falta absoluta del presidente, lo que incluye su renuncia, su muerte o su incapacidad física permanente.

El abogado constitucionalista Ricardo Antela contempla un solo supuesto que permitiría un aplazamiento de la toma de posesión: Si para el 10 se tuviera una certeza médica, expuesta públicamente y avalada por la Asamblea Nacional, de que el presidente se va a recuperar y se determinará una nueva fecha, estima.

Para el experto constitucionalista Jorge Pabón, un aplazamiento sería únicamente posible si la Asamblea declarara la falta temporal del mandatario, pero no con el fin de alargar la situación de incertidumbre como estrategia política.

Chávez, de 58 años, dijo al anunciar su recaída el 8 de diciembre que Maduro debería asumir la presidencia temporal si quedaba inhabilitado y pidió a los venezolanos votar por su delfín en las presidenciales que se celebrarían en un plazo de 30 días.

Maduro, al tener el cargo de vicepresidente, debería encargarse de la presidencia temporal si el mandatario quedara imposibilitado antes del 10 de enero o después de su toma de posesión y durante los primeros cuatro de los seis años de mandato, puesto que así lo contempla la carta magna.

No obstante, si Chávez no asume el 10 de enero y Maduro deja de ser vicepresidente, el líder del Poder Legislativo asumiría la presidencia temporal, según la Constitución, para evitar un vacío de poder.

En este caso, la tarea recaería en el diputado que será elegido presidente de la asamblea unicamaral en los primeros días de enero, cuando se inicia el periodo anual. Actualmente la presidencia la ejerce Cabello, un militar retirado, compañero de Chávez.

El constitucionalista Antela ilustra la normativa constitucional con el siguiente supuesto: Chávez renuncia el 5 de enero, el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones que se deberán celebrar en 30 días. Maduro asume como presidente temporal hasta el 10 y el presidente de la Asamblea toma el relevo hasta la toma de posesión del nuevo jefe de Estado. Maduro sería, si se cumplen los deseos de Chávez, el candidato a la presidencia por el PSUV.

Otra opción incluida en el debate público, pero hasta ahora no barajada por funcionarios del gobierno o dirigentes del PSUV, es que el presidente asuma en la embajada venezolana de La Habana.

Eso no es posible, porque la Constitución establece que los poderes nacionales se ejercen en Caracas pudiendo ser en otro lugar de la República, pero no en una embajada, sostiene el constitucionalista Pabón.

Antela estima que el caso podría darse de ser “absolutamente necesario para garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo.

“Pero antes, habría que demostrar que está vivo, que no está en condiciones de venir a Venezuela, pero que se recuperará y que podrá asumir plenamente sus funciones. Y de todo eso –puntualizó–, por ahora no tenemos ninguna certeza”.

Ante las especulaciones, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, dijo hoy que el Poder Juicial está atento a la polémica pública, pero advirtió que en su condición de “máxima intérprete de la carta magna, esperará cualquier asunto que tenga que ver con sus competencias, y por ahora no hay nada que interpretar, porque no se ha presentado ninguna duda constitucional.