Xalapa, Ver., 20 de diciembre. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, envió una iniciativa al Congreso estatal para que se castigue con penas de entre seis y 16 años de prisión, así como multas de 30 a 300 salarios mínimos, a los funcionarios públicos que incurran en los delitos de peculado y abuso de autoridad en materia fiscal.

La propuesta es para reformar los códigos Penal, Financiero y de Procedimientos Administrativos, así como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

El objetivo es imponer sanciones severas para los delitos mencionados, además de contemplar también el desvío de recursos en materia fiscal.

El texto enviado por el mandatario sugiere reformar el artículo 97 bis del Código Financiero del estado para dejar claro a qué se refiere cada delito.

Cometen el delito de peculado fiscal las autoridades fiscales o los funcionarios o empleados que laboren en las oficinas de Hacienda del estado que se apoderen o permitieren que un tercero lo hiciere, de recursos públicos que tengan a su cargo por razón de sus funciones, sin importar el origen de éstos, siempre y cuando devengan de las atribuciones inherentes a su cargo público comisión, excepto cuando el apoderamiento sea realizado por el servidor público y en ejercicio de alguna atribución establecida en las leyes que rigen sus funciones, estipula.

Como sanción se establece una pena de ocho a 16 años de prisión.

El artículo 97 precisa que el delito de abuso de autoridad en materia fiscal encuadra los casos en que servidores de la Hacienda Pública, tanto estatal como municipales, utilicen formatos oficiales que tengan bajo su custodia para ordenar, ejecutar, cancelar o reproducir un acto de manera ilícita o iniciar un procedimiento en beneficio propio o ajeno, o en perjuicio de los contribuyentes o de esa dependencia.

A quien incurra en este tipo de ilícito se le aplicarían penas de seis a 12 años de cárcel, así como una multa de 30 a 300 veces el salario mínimo diario vigente en el lugar y momento de comisión del delito.

Además, se propone su destitución e inhabilitación por un periodo de seis a 12 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En lo que se refiere al delito de desvío de recursos en materia fiscal, el mandatario sugiere penas que van de los cinco a los 12 años de cárcel, tomando en cuenta el monto desviado.

En el caso de que el delito lo cometa cualquier persona que realice las funciones de cajero o jefe de una oficina de Hacienda, se tomará como agravante y se le impondrá como pena entre 10 y 12 años de prisión, agrega la iniciativa.