Felipe Calderón heredó a Enrique Peña Nieto un litigio civil con alcances internacionales, pues implicará una inédita comparecencia ante tribunales mexicanos, en calidad de testigo, de la connotada defensora de los derechos humanos, Salwa Amashta, asistente particular de Ban-ki Moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El caso deriva de un adeudo mercantil que contrajo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con Estratec SA de CV, empresa mexicana que proporciona servicios de Internet, fotocopiado, impresión y computación, y que fue contratada, tras licitación pública, para suministrar los servicios informáticos y de papelería para el desarrollo de la Cumbre Internacional del Cambio Climático México (COP16), celebrada en Cancún, Quintana Roo, en diciembre de 2010.

El Conacyt –que de acuerdo con la normatividad administrativa debe hacer el pago correspondiente a Estratec– se ha negado a cubrir el servicio, a pesar de que los directivos de la compañía mexicana dieron opciones de pago a funcionarios de la administración calderonista.

El adeudo a Estratec, con todo e intereses devengados hasta el momento, supera los 2 millones de pesos, por lo que la compañía afectada tiene lista una demanda civil en contra del gobierno mexicano que en breve presentará ante un juez en esa materia, al cual se le pedirá que cite a comparecer a Salwa Amashta, debido a que la funcionaria de la ONU fue testigo directo de la contratación de los servicios extraordinarios de la empresa durante el desarrollo de la COP16.

El litigio se dirime en el área jurídica de la cancillería mexicana, mediante queja administrativa presentada en contra de esa dependencia y del director del Conacyt, José Enrique Villa Rivera, quien enfrentó acusaciones por presuntos actos de corrupción.

Agotadas las instancias ante la SRE, los abogados contratados por Estratec podrán iniciar un juicio civil ante los tribunales mexicanos. La demanda civil ya fue redactada por el Corporativo Jurídico Sanitario, que encabeza el abogado Jesús Alberto Guerrero Rojas, quien refirió que la reacción de la funcionaria de la ONU fue inmediata y toral, pues cuando se enteró de que el gobierno mexicano no había planeado los requerimientos operativos para la cumbre criticó la pésima organización de los funcionarios, exponiendo que si no se le daba inmediata solución, la ONU trataría este problema en el foro internacional, con el evidente descrédito del gobierno mexicano saliente.